Comienzan a declarar Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro

Después de siete años de una irregular instrucción con sucesivos cambios de jueces instructores, el pasado mes de diciembre comenzaba el juicio por el llamado “caso Ciempozuelos” en la Audiencia Provincial de Madrid y hoy, 13 de enero, declaran como imputados los exalcaldes Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro.

Está previsto que el sumario dure, al menos, hasta junio de este año. El juicio se sigue contra varios imputados (Alfonso Méndez, Francisco J. Marazuela, Juan Ángel Muñoz y Manuel Ramón Martín), entre los que destacan por su condición de ex alcaldes de Ciempozuelos, Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón. A ambos se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y estafa. La fiscalía pide 7 años de prisión y multa de 29 millones de euros de multa para Torrejón y 6,5 años de prisión y multa de 23 millones para Tejeiro.

Un juez bajo sospecha | La defensa de los dos exalcaldes, que pertenecían al PSOE, solicitó en la segunda sesión de la vista oral que se anule la instrucción del caso por la presunta vinculación del juez instructor, Agustín Carretero, al PP. Acusan al extitular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valdemoro de “falta de imparcialidad”, ya que a los pocos meses de enviar a prisión a los dos ex alcaldes socialistas, fue nombrado director de Política Interior de la Comunidad de Madrid (5 julio 2007), cargo de designación directa, y abandonó la judicatura.

El “caso Ciempozuelos” | En plena ‘guerra’ de acusaciones de corrupción urbanística entre PP y PSOE, el 17 de octubre de 2006, el diario ABC publicaba que los alcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón (2003 a 2006) y Joaquín Tejeiro (1986 y 1991 a 1995), percibirían de la inmobiliaria Esprode “40 millones de euros a cambio de conseguir una recalificación de suelo en el municipio” (meses después se supo que Esprode nunca había facturado en un año más de 15 millones de euros por lo que difícilmente podía dar a nadie 40 millones de comisión y además en ‘B’).

El mismo día de la publicación de la noticia en el periódico, Torrejón presenta su dimisión del cargo de alcalde y pide la suspensión de militancia en el PSOE, como medida de “higiene democrática para no interponerme en la investigación”, afirmó, al tiempo que decía sentirse “envuelto en un intercambio de denuncias políticas por irregularidades urbanísticas”.

Prisión | Tras una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias en los juzgados de Valdemoro, el caso lo toma el titular del nº 2, Agustín Carretero, quien imputa a cinco personas: Pedro Torrejón, Joaquín Tejeiro, los responsables de Esprode, Francisco J. Castillo, José Luis del Olmo y Juan Ángel Muñoz.

Esprode negó la existencia de contrato alguno y presentó un informe pericial que certificaba que la firma que aparecía en un contrato falso que Tejeiro había enviado por fax, desde la casa de Torrejón, al banco andorrano Andbanc no era la suya, por lo que fue puesto en libertad sin fianza. Tejeiro reconoció que “el contrato lo falsifiqué yo para conseguir un crédito en el banco de Andorra y justificar la procedencia de los 100.000 € que iba a ingresar”.

Torrejón declaró que el ingreso de casi un millón de euros en el banco andorrano procedía de  “la venta de nueve viviendas”, de los ingresos de tres peluquerías y de los cursos que había impartido sobre gestión de centros sanitarios y que había conseguido este patrimonio “antes de ostentar la alcaldía”, en 2003.

Tras 13 horas de declaraciones y dos registros en los domicilios de Tejeiro y Torrejón, Carretero dictó pasadas las 11 de la noche del 3 de noviembre de 2006 el ingreso en prisión de los dos exalcaldes bajo fianza de 900.000 € cada uno, acusándolos de cohecho y blanqueo de capitales. Los abogados de la defensa consideraron la decisión del juez “desproporcionada” y criticaron que el instructor hubiera “dado crédito al empleado del banco andorrano sin haberle sometido a las preguntas de las partes”, testimonio que sustentaba el auto del juez Carretero.

“En medio de una lucha política” | A su salida de prisión, el 14 de diciembre de 2006, Torrejón declaró que “éste es un tema político y nos ha tocado a nosotros, pero lo más grave de todo es que ha olvidado a las personas por encima de los intereses de los partidos”.

El 27 de diciembre abandonaba la cárcel de Valdemoro Tejeiro, manifestando que “aquí no hay ni corrupción urbanística ni pelotazo ni nada” y que todo se aclararía.

Más tarde, Torrejón afirmó en una entrevista que “nadie puede concretar un delito urbanístico ni lo va a hacer”, ya que “el Plan Urbanístico se ha tramitado con total transparencia y todos  los partidos votaron favorablemente el avance”. Además, añadía que “ha sido la Comunidad de Madrid quien lo ha paralizado por intereses políticos partidistas, saltándose  la ley”.

Según Torrejón, “el famoso fax contenía un contrato falso, no hay irregularidades en el plan y la declaración en la que se basó el juez para enviarme a prisión también es falsa”.