El negocio de la "patada en la puerta"

Las mafias de la patada en la puerta han tomado Pinto. Los barrios de las Cristinas y la urbanización de la calle Nicolás Fuster sufren estas ocupaciones ilegales para desgracia de sus residentes. Concretamente afectan a más de 19 viviendas en la calle Nicolás Fúster y a 5 en la calle Fernando VII, según los vecinos.

Calle Nicolás Fuster | Los okupas son “lo peor de lo peor, auténticos delincuentes que nadie querría como vecinos”, explican los residentes  y confirma la Guardia Civil, quien ya ha tenido que tramitar una orden de alejamiento a uno de estos indeseables por “tentativa de homicidio” con un cuchillo jamonero. Y además, “amenazas, agresiones, intimidación, tráfico de drogas, robos, destrozos materiales, denuncias,  juicios y por supuesto y lo más importante, el miedo más terrible a salir de nuestras casas con nuestras familias”, narra otro de los propietarios.

48 horas | Es el tiempo límite que tiene la policía para desalojar a los okupas sin que medie un procedimiento judicial. Pasado ese tiempo, sólo la orden de un juez puede echar a los nuevos inquilinos, mediante procedimientos que pueden durar años.

Sabiendo esto, los vecinos piden ayuda y dan guerra para intentar ahuyentar a los inquilinos delincuentes. Desde hace meses, todos los domingos una veintena de vecinos salen a manifestarse con una “cacerolada” frente a sus ventanas.

Indefensión | “A nosotros no nos defiende nadie, ni el Ayuntamiento, ni la PAH, ni la policía”, protestan los propietarios de las viviendas. “Los okupas destrozan las zonas comunes y nos roban la luz”, expone otro, añadiendo que ya ha habido propietarios que han recibido multas de Iberdrola de 2.000 € por culpa de los enganches ilegales de los okupas.

Críticas a la PAH | “Decepción”, “engaño”, “desilusión”, “timo”. Son algunos de los calificativos de los propietarios hacia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Pinto por haberse inmiscuido en el tema y ayudar a dos de las familias okupas.

“Todas estas personas deben solicitar ayuda a Servicios Sociales”, argumenta uno de los propietarios, “si estas personas tienen problemas, que desde ahí las reubiquen en viviendas sociales del Ayuntamiento o la Comunidad. Todos y cada uno de mis vecinos estaríamos de acuerdo y lo apoyaríamos”.
 
Falta de seguridad | No es comprensible que los propietarios se encuentren ante una indefensión total, mientras que las fuerzas de seguridad de Pinto tienen constancia de que se están sucediendo los delitos.

El BBVA, entidad bancaria de la que son propiedad las viviendas okupadas, sin embargo, reaccionó rápido a la okupación y contrató a dos empleados de seguridad para que controlen el acceso al edificio las 24 horas del día. Desde entonces, los okupas lo tienen complicado para entrar y salir.

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Dos casos especiales

Testimonio de un vecino