Los sindicatos de la Policía Local de Pinto, molestos con una nota del PP

La bola generada por la denuncia pública de UPyD en la que aseguraba que el gobierno de Pinto contralaba a los vecinos que visitaban a la oposición se resiste a dejar de rodar. Lo que comenzó como una pregunta sin respuesta en Junta de Portavoces, derivó en una demanda interpuesta ante la Agencia de Protección de Datos y un posterior cambio de modelo de gestión.

Entre medias, el gobierno se desvinculó mediante una nota de prensa de las decisiones de la Policía Local al asegurar que "no es del Partido Popular o del partido político que gobierne el municipio". Un punto que desde el cuerpo policial contradicen: "Según la legislación al respecto, como el artículo 32 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, la Jefatura del cuerpo policial de un municipio recae en él o la Alcaldesa, pudiendo delegar dicha atribución a él o la Concejal Delegado de Seguridad".

Las declaraciones del partido del gobierno iban más allá pidiendo a UPyD que "aporte los nombres de los agentes que, según ellos, realizan prácticas ilegales para poder abrir una investigación". Las secciones sindicales de la policía han mostrado su "más rotunda disconformidad y rechazo" a través de un escrito de protesta presentado en el Ayuntamiento a las palabras de un PP que, en su opinión, pretende no asumir sus responsabilidades.

"Los policías locales de este cuerpo que representamos, sean de la escala jerárquica que sean, no toman decisiones de forma unilateral en la mayoría de las ocasiones, sino que obedecen órdenes- aseguran desde CSI-F y CPPM Pinto- Tratar de escurrir un problema devenido de una decisión, presumiblemente, de carácter político, aunque el fin sea en fomento de la seguridad de unas dependencias policiales, no es propio de quien debe de defender los intereses de un colectivo a su servicio y más aún si se trata del cuerpo de policía local de un municipio".

Solución insuficiente

Para solventar el tema gobierno, oposición y Policía Local decidieron que fueran los propios concejales quienes se responsabilicen de la actuación de las personas que entren con ellos en el edificio, evitando así tener que ser identificados. Una solución que para estos sindicatos no acaba con la raíz del problema: "No es adecuado ni en cierto modo legal, por la vulneración de derechos de víctimas y detenidos, que unos despachos ubicados en el edificio destinado a dependencias de policía, se encuentren destinados a los grupos políticos".

Aseguran que los concejales del actual equipo de gobierno han hecho "caso omiso a esta advertencia, generalmente de modo verbal" y que fruto de ello se han generado los problemas actuales que han derivado en el escrito presentado.