>> Las víctimas de trata que no dispongan de un permiso de residencia y trabajo quedarán en una grave situación de vulnerabilidad, con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, a no ser que en las próximas semanas se introduzcan modificaciones que reconozcan su situación excepcional.
El Proyecto ESPERANZA, perteneciente a la Red de Centros de Atención a Mujeres de la Comunidad de Madrid, y que tiene 12 años de experiencia en la intervención con mujeres víctimas de trata, se ha reunido recientemente con diversos responsables de la Comunidad de Madrid para intentar garantizar que las mujeres víctimas de Trata puedan continuar accediendo al sistema sanitario de forma gratuita, con independencia de su situación administrativa, partiendo de la base de que estas personas son víctimas de una grave violación de los derechos humanos.
Tras las reunión con el Director General de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Antonio Alemany, con la Comisión Técnica de acciones sobre violencia de género de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, con el Consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, y con la Directora General de la Mujer, Laura Galarreta, y ante la preocupación que suscitan las nuevas medidas, desde el Proyecto ESPERANZA se ha elaborado un documento, “Derecho a la Asistencia Sanitaria para Víctimas de la Trata de Personas”, en el que se analiza el impacto que tiene sobre la salud de las víctimas del delito esta traumática experiencia y se fundamenta la responsabilidad que tiene el Estado de prevenir, proteger, reparar y compensar a quienes han sido víctimas de una violación de sus derechos humanos.
La legislación internacional, nacional y autonómica vigente reconoce la vulnerabilidad de las personas víctimas de la Trata de Personas y establece en su normativa la necesidad de garantizar asistencia sanitaria, social y psicológica necesaria.
Marta González, coordinadora del Proyecto ESPERANZA, añade: “Este documento se ha elaborado con el objetivo de que el Estado reconozca, asuma y cumpla su obligación de facilitar el proceso de recuperación y restablecimiento físico, psicológico y social de las personas que han sufrido la trata, para lo cual es indispensable que tengan acceso al sistema sanitario de forma gratuita”.
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