El mayor recorte y subida de impuestos de la democracia

Dos días después, el viernes pasado, buena parte de esas medidas se han concretado en el Consejo de Ministros. Pero la vicepresidenta ha anunciado que los recortes seguirán. "De aquí a final de año, traeremos 20 leyes" para continuar en esta línea.

Las medidas aprobadas

IVA. A partir del 1 de septiembre el tipo de general de este impuesto subirá del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%. No se modifica el superreducido, que se queda en el 4%. Pero una gran cantidad de productos que hasta ahora tenían un IVA reducido del 8%, pasan al 21%, un salto de 13 puntos. El Gobierno prevé ingresar con esta medida 22.000 millones de euros.

Suspensión de paga extra a los empleados públicos. No cobrarán en diciembre la paga extra de Navidad. En principio, la medida solo se adopta este año. Este recorte supone una rebaja del salario bruto anual de los funcionarios que está entre el 5% y el 7%, y supone un ahorro de unos 4.000 millones de euros.

Menos días libres. Los empleados públicos pierden tres de los seis días libres que tienen ahora y los días libres que ganaban conforme acumulaban antigüedad. El Gobierno prevé ahorrar con esta medida 6.315 millones de euros.

Reducción del desempleo. A partir de los seis meses, un parado que esté percibiendo el seguro por desempleo bajará del 60% al 50%.

Reordenación de Administración. Las diputaciones provinciales van a ganar peso. Se harán cargo de la gestión de los servicios que de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten adecuadamente. Para ello, se reformará la Ley de Bases de Régimen Local, que acabará con las mancomunidades y las pedanías, “órganos intermedios sin mucho sentido”.  Pero lo mismo podría decirse de las diputaciones, cuya función podría perfectamente ser asumida por las comunidades autónomas.

Cotizaciones. En 2013, se reducirá en un punto las cotizaciones sociales. Y en 2014, en otro. Esta medida supones algo más de 3.000 millones de euros.

Cotizaciones mayores a los altos sueldos: El Ejecutivo ha modificado las bases de cotización de algunos colectivos. Así, ha elevado en cinco puntos la base máxima de los empleados y en uno la mínima que pagan los autónomos.

Incremento de las retenciones a profesionales: El tipo que pagan los llamados profesionales liberales y un importante número de autónomos sube del 15% al 21%.

Menos deducciones a las grandes empresas: El impuesto de Sociedades se modifica. También se aumenta en un 10% la tributación que grava los beneficios obtenidos en el extranjero.

Rebajas todo el año: El Ejecutivo ha liberalizado "completamente" los periodos de rebajas, hasta ahora regulados y restringidos a dos periodos al año, uno en verano y otro en invierno.

Tijeretazo a la ayuda al alquiler: La llamada Renta Básica de Emancipación y que está destinada a ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler se reduce en un 30%. Con este descenso, pasa de los 210 euros actuales al mes a 147 euros.

Supresión de las exenciones por compra de vivienda.

Recortes en Dependencia. Entre otras medidas, se reduce un 15% la prestación por cuidador familiar y se amplía el plazo para reconocer la prestación.

Estabilidad presupuestaria ante todo

La nueva política económica tiene como finalidad la estabilidad presupuestaria y la recuperación de la solvencia de la deuda española. No atiende a la recuperación de la actividad y el empleo. Las medidas adoptadas tienen un efecto recesivo, difícil de calcular. Todo se fía a una recuperación de la confianza a corto plazo, de forma que la economía se libere de un coste financiero público insoportable, en torno al 7% que para las empresas se convierte en más del 8%. Si la nueva estrategia gana la apuesta de la confianza, después de otros seis trimestres de recesión podrá atisbarse algún tipo de recuperación. Pero el diferencial de deuda no está mejorando con este cambio de rumbo y lo cierto es que el Gobierno ni en sus peores proyecciones esperaba una situación tan crítica de la economía española.