"La Caixa nos echa a la calle"

En el año 2013, Obra Social La Caixa entregó las primeras llaves de la urbanización de la calle Tomás Bretón, situada en el barrio de La Tenería. La propia página web del Ayuntamiento de Pinto se hizo eco de su página web sobre cómo “La Caixa está promoviendo la construcción de 166 viviendas de Vivienda de Protección Oficial […] dentro del programa de Vivienda Asequible que garantiza alquileres moderados a lo largo de los 5 años iniciales y opción de compra posterior”.

 

El sorteo para acceder a la promoción, al que sólo podían concurrir personas de renta baja y sin ninguna otra propiedad a su nombre, contó con una gran acogida. “Parecía una oportunidad de oro”, recuerdan los hoy propietarios.

 

Para muchas familias el contrato que firmaron por siete años vencerá en los próximos meses, los primeros de hecho este mismo mes de septiembre. Frente aquella promesa de alquileres bajos y posibilidad de compra La Caixa ha remitido a varios vecinos la subida de precios a la que deberán acogerse si quieren seguir disfrutando del inmueble. Y es ahora cuando los vecinos no dejan de recordar el eslogan de ‘vivienda social y asequible’ con el que se vendió la promoción: “Son Obra Social La Caixa cuando les interesa”.

 

Las condiciones

 

Aunque el precio de los alquileres se ha incrementado en estos años desde los 415 euros iniciales, el banco no parece valorar el esfuerzo económico de estos vecinos con pocos recursos a la hora de renovar los contratos. En uno de los casos la renta mensual por alquiler pasará de los 615 euros actuales a 781 euros a partir del tercer año, siendo necesario entregar a la firma del contrato una fianza y un depósito de 781 euros cada uno. El precio de compra se ha establecido en 248.000 euros sin incluir impuestos ni gastos, teniendo que aportar el 10% del importe antes del 15 de septiembre.

 

Los vecinos no entienden cómo La Caixa ha podido realizar esta oferta dada su situación particular y la de España en general debido a la crisis del coronavirus, por lo que están intentando renegociar las condiciones. “En Pinto los alquileres son escasos y altos, además de que no hay suficientes disponibles para todos nosotros”, apuntan.

 

Recientemente el banco lanzó una oferta de alquiler en la propia urbanización con rentas menores a las que les ofrece a ellos, lo que ha terminado de caldear los ánimos. “Lo que quieren es cambiar el estatus de la gente pero los que estamos aquí somos personas honradas y trabajadoras que además no somos problemáticos”, defienden.

 

Un alquiler social particular

 

“No están teniendo nada en cuenta la situación social de nuestras familias agraviada encima por el COVID”, cuenta Eulises Valenciano, uno de los portavoces de la movilización. “Eres una organización que se supone que quieres ayudar a las familias, no puedes tomar este tipo de decisiones de la noche a la mañana”, recuerda Raúl Ruiz para pedir que no se especule con unas viviendas que ya de por sí tienen unas condiciones particulares.

 

Los vecinos han de asumir gastos que suelen corresponder al arrendatario como el pago del IBI o un seguro de caución que cubra las posibles pérdidas en caso de incumplimiento del inquilino. En total, son unos 128 euros que suman todos los meses al alquiler.

 

A pesar de ello la comunidad denuncia que La Caixa no se hace cargo de los desperfectos que aparecen tanto en las propias viviendas como en las zonas comunes. Una situación que ha dado lugar a accidentes y que ha provocado que los propietarios tengan que afrontar grandes gastos como los 11.000 euros que tuvieron que pagar por una factura de agua. “Que me expliquen de dónde sale ese gasto si no tenemos ni piscina ni zonas verdes”, pide Raúl.

 

“Van parcheando y al tiempo las cosas vuelven a estropearse”, se quejan. Entre las muchas incidencias destacan las inundaciones del garaje, la puerta de entrada al aparcamiento que lleva estropeada desde 2014, los graves desperfectos del suelo o la ausencia de luces y árboles con los que sí contaban hace siete años. “La última de la que nos hemos enterado es que no tenemos línea telefónica en el ascensor después de que un vecino se quedase encerrado”, cuenta Ulises.

 

Promoción libre, pero sin confirmar

 

El banco, por su parte, alega que se trata de una promoción libre que no está sujeta a calificaciones ni regímenes especiales por los que deban limitarse los precios. Explica que a lo largo de 2020 vencerán 96 de los contratos de alquiler, que actualmente cuentan con una renta un 42% inferior a la de la media de la zona. Con la subida, aseveran, pasará a ser entre un 10 y un 15% por debajo de los precios actuales de mercado. Todo ello según “la valoración de un experto independiente”.

 

Los vecinos, por su parte, recuerdan que los propios contratos señalaban que las casas tendrían las condiciones de una VPO (Vivienda de Protección Oficial). Además, el pliego de condiciones técnicas que lanzó la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación para la construcción de la promoción señala que se trata de una parcela de Vivienda de Protección Parcial.

 

Por ello la comunidad ha pedido al Ayuntamiento de Pinto que confirme que el suelo es libre. Pero los técnicos municipales no han logrado localizar el documento oficial a pesar de que, como contábamos al comienzo del reportaje, la propia página web municipal señala que se trata de una construcción de VPO.

 

“Ante la búsqueda infructuosa del convenio indicado, nos pusimos en contacto con Obra Social La Caixa que nos ha contestado indicando que la parcela es de renta libre –se limita a explicar en un email Patricia Macías, jefa de Urbanismo-. En las licencias concedidas la parcela consta como de renta libre”.

 

La situación real de las familias

 

Más allá de lo que reflejen documentos oficiales, el perfil de los inquilinos de la urbanización es el de familias humildes para las que la crisis del coronavirus ha terminado de dar la puntilla. “Muchos están en paro y viven de la pensión de su padre o de sus abuelos, hay personas con discapacidad, madres divorciadas… Ahora estamos apretados pero lo puedes llevar, pero con lo que nos ofrecen lo que nos están invitando es a marcharnos”.

 

“Ya me cuesta asumir lo que estoy pagando como asumir lo que me piden”, cuenta Carla, a la que el contrato vence este mes de septiembre. “Yo estoy en paro, mi marido en ERTE desde marzo y sin fecha de vuelta, y con tres hijos. Es una situación muy difícil –relata-. En Pinto hay muy poco alquiler y lo poco que hay es carísimo, además te piden una solvencia que no tenemos”.

 

Juani, que sufre una artrosis degenerativa, también se encuentra en una situación delicada. “Me veo en la calle, con una mano delante y otra detrás”, se lamenta. Los únicos ingresos que reciben Juani y su marido son los de la pensión de él, por lo que acceder a cualquier otro piso es ahora mismo una quimera. “Yo no pido nada, solo que me dejen las condiciones como están”. Aunque su contrato también vence en septiembre la pareja, de momento, no ha recibido ninguna comunicación por parte del banco.

 

Otros no se encuentran en estas situaciones límites, pero tampoco están dispuestos a aceptar las nuevas condiciones propuestas. “La Caixa no es tonta, sabe muy bien lo que hace –esgrime enfadada Patricia-. ¿Vivienda libre? No señor, en mi contrato pone que es social. Nos están tomando por tontos”. A Patricia parece no acabársele los calificativos para referirse a la actuación del banco. “Injusto”, “abuso”, “inmoral”, “engaño”… “No he fallado ni un solo mes a la hora de pagar a pesar de que he pasado por todo tipo de situaciones, no me parece justo este trato”.

 

Sentarse a hablar

 

Los vecinos aseguran estar muy unidos y dicen estar recibiendo numerosos apoyos. También reconocen la predisposición del Gobierno local y del resto de grupos municipales a favor de su causa, pero piden una implicación real: “Hay que ver los hechos, entonces podremos decir quién nos ha ayudado o conseguido algo”.

 

Aunque afirman que “tanto si es por las buenas como por las malas no nos van a echar de nuestras casas”, su petición no es otra que conseguir que el banco les escuche y se siente a negociar con ellos: “No queremos quedarnos de okupas, estamos dispuestos a pagar más dinero si hace falta pero sin ser una subida abusiva”.