Los menores infractores de la Comunidad de Madrid confeccionarán 4.000 mascarillas para las residencias

Los menores infractores del CEMJ (Centro de Ejecución de Medidas Judiciales) Teresa de Calcuta de la Comunidad de Madrid están participando en un taller de confección de mascarillas artesanales que donarán a las residencias de personas mayores de toda la región madrileña. 

Desde que se decretó el estado de alarma, la ARRMI (Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor de la Comunidad de Madrid) implantó protocolos de prevención ante el coronavirus en las distintas instalaciones en las que se encuentran los menores y el pasado fin de semana les propuso la actividad solidaria de confeccionar mascarillas.

Durante estos días, los jóvenes que visitan este centro diariamente, algunos de ellos cumpliendo medidas judiciales de internamiento, trabajan para confeccionar 4.000 mascarillas con las que se protegerá el sector más vulnerable al virus, las personas mayores. Se trata de una iniciativa que promueve la solidaridad y el compromiso de estos menores y donde se les enseña que con esfuerzo y apoyo se puede vencer al virus, explican desde la Comunidad de Madrid.

Empresas colaboradoras | En este proyecto, dirigido por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, han colaborado la empresa Gocotex de textil especializada en el entorno sanitario y de Cuerpos de Seguridad del Estado, cediendo las telas y las gomas para la confección de las mascarillas y Corte Textil C.B, un grupo especializado en confección textil, que ha cortado el patrón.

Cuando las mascarillas estén finalizadas, será el grupo ONCE, Ilunión SocioSanitario, quien recogerá el material, lo desinfectará y lo distribuirá entre las diferentes residencias que tiene repartidas por la región.

En total, la ARRMI cuenta con 264 plazas distribuidas en cinco centros, ubicados en Madrid ciudad y un sexto en Brea de Tajo, donde se están elaborando las mascarillas. La Agencia atiende sin embargo a un total de 1.280 menores infractores, pero el 80% de ellos se encuentran con medidas judiciales de medio abierto, no privativas de libertad. Es el 20% restante el que sí se encuentra en régimen de internamiento.