Imputan a las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por el caso Púnica

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, al frente del macrosumario del caso Púnica, ha atendido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha llamado a declarar 40 altos funcionarios, dos exconsejeros madrileños y a dos expresidentas de la Comunidad de Madrid: las populares Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. De esta forma, todos los presidentes de la región entre los años 2003 y 2018, miembros del Partido Popular, han resultado imputados.

El juez ha citado a Cifuentes por la presunta adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid a la empresa Cantoblanco, que pertenecía al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. En el caso de Aguirre, que había conseguido sortear hasta la fecha todos los casos de corrupción que han surgido en su entorno, ha sido imputada por la “supervisión” que habría ejercido sobre la supuesta caja b del partido.

El auto señala a Aguirre como la persona que “ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". La expresidenta habría controlado los contratos de publicidad que realizaba el gobierno autonómico con el fin de “fortalecer y vigorizar su figura política y considerarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”.

Asimismo, los investigadores aseguran que había un plan para financiar con fondos públicos los gastos electorales de las elecciones autonómicas de 2007 y 2011  y las generales de 2008. Para ello habrían sido claves otros dos expresidentes regionales y entonces consejeros de la CAM, Ignacio González y Francisco Granados.