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Las direcciones no se incluyeron en copia oculta

El Ayuntamiento de Pinto podría ser sancionado por vulnerar la Ley de protección de datos en un correo masivo enviado a más de 700 personas

Raúl Martos Martínez Ver comentarios 2 Miércoles, 05 de Julio de 2017 Tiempo de lectura:

El Consistorio asegura que se trata de “un error humano” y descarta exigir responsabilidades por el fallo cometido desde el departamento de Gobierno Abierto.

El Ayuntamiento de Pinto podría ser sancionado por vulnerar la Ley de protección de datos.El pasado 3 de julio el Ayuntamiento de Pinto envió dos correos electrónicos masivos en los que invitaba a participar en un proceso de evaluación de la gestión municipal. Un trámite sin mayor relevancia que se ha convertido en un problema después de que el responsable del envío olvidase colocar las más de 700 direcciones de uno de ellos en copia oculta.

Ayer mismo el Gobierno reconocía el error en un nuevo correo a los vecinos afectados, éste ya con las direcciones en copia oculta. El Consistorio pidió disculpas en un mensaje en el que resta importancia al desliz cometido desde el departamento de Gobierno Abierto porque “detrás de los ordenadores siempre hay personas, y en este caso trabajadores municipales”. En cualquier caso, el Ejecutivo dice estar trabajando para automatizar este tipo de envíos.

El error podría vulnerar la Ley Orgánica de Protección de datos, que en su artículo 44.3.k regula “la comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar con legitimación para ello”. Aunque se trata de una infracción tipificada como grave, y por la que se pueden imponer multas de hasta 300.000 €, la Asociación Española de Protección de Datos suele ser bastante permisiva en estos casos.

Dado que el Consistorio ha reconocido su culpa, asegura que es un error y no ha obtenido beneficio económico del mismo, y atendiendo a otras sentencias recientes, todo apunta a que la infracción podría ser castigada con una sanción administrativa de no más de 3.000 €. Desde la AEPD, sin embargo, recuerdan que se han vulnerado los derechos de los usuarios y que cada caso debe ser estudiado individualmente por el tribunal correspondiente.

“Es un asunto muy grave, no vale con hacer un simple comunicado –se queja uno de los más de 700 afectados-. Es un error por el que la persona responsable debería ser despedida de su puesto de trabajo, espero que lo hayan hecho”. El Partido Popular también ha exigido responsabilidades por la infracción, pero el alcalde Rafael Sánchez ha descartado sanción alguna: “Entendemos que es un error humano y no vamos a ir más allá, puede cometerlo cualquier persona en un momento determinado”.

Aunque el departamento de Gobierno Abierto ha recibido mensajes restando importancia a lo ocurrido lo cierto es que el fallo ha sido altamente criticado por los afectados, que en algunos casos han anunciado denuncias contra el Ayuntamiento. Otros, en cambio, descartan esta acción porque podría conllevar una sanción económica “que al final pagaríamos entre todos, por lo que no tiene mucho sentido”.

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