Sí se puede denuncia por prevaricación a Rafael Martínez

El grupo municipal Sí se puede ha presentado una denuncia contra el alcalde de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, al que ha acusado de un posible delito de prevaricación por “el continuo incumplimiento de los acuerdos plenarios”. El principal motivo de la denuncia se debe a la no celebración del Debate del estado del municipio, que debió tener lugar el pasado 17 de mayo.

Asimismo la confluencia denuncia otros ocho incumplimientos de mociones presentadas por ellos mismos, algunas hace casi dos años: Fomento de la participación ciudadana; lucha contra la violencia de género; por la visualización y mejora de la atención de los niños con alergias alimentarias; cambio de nombre de la calle Infanta Cristina; garantizar una educación pública de calidad; ‘Barrenas cero’; dotar al municipio de un transporte público digno; y la reapertura de la residencia de la tercera edad.

Ante todo ello Sí se puede ha solicitado al Juzgado de instrucción de Valdemoro que investigue los hechos denunciados para “esclarecer las eventuales responsabilidades penales dimanantes de los mismos”.

Segunda denuncia | No es el único procedimiento abierto por el grupo municipal, que hace un mes se dirigió al mismo Juzgado por un delito contra los derechos civiles. El concejal Javier Alejo narra en el escrito cómo solicitó los expedientes de las subvenciones para la contratación de parados de larga duración y para garantía juvenil no cualificados.

En primer lugar el edil cuenta que se le negó la consulta de estos expedientes en el horario que suele hacerlo normalmente, que son los sábados y domingos de 5.00 a 11.00 horas al no ser cargo liberado. De esta forma Alejo procedió a su estudio el pasado 3 de abril cuando el auxiliar administrativo C.F.F. le indicó que los documentos se encontraban en una serie de cajas, en las que faltaba la solicitud de devolución íntegra de una de las dos subvenciones.

El concejal de Sí se puede –“sospechando que dicha documentación se me está ocultando”- decidió llamar a un compañero para que fuese testigo. Es entonces cuando Javier Alejo recordó al funcionario que el expediente estaba incompleto tras lo que “visiblemente nervioso C.F.F. saca del cajón de su escritorio la documentación”. El edil, ante el “persistente silencio” del trabajador a las acusaciones de que pudiera haber cometido un delito, decidió llamar a la secretaria municipal.

Sí se puede recuerda que los actos podrían suponer al acusado la pena de inhabilitación especial ya que se ha puesto de manifestó “la intención del funcionario público y la actuación deliberada de ocultar información concreta y de impedir el acceso a la información, y con ello un ánimus concreto de impedimento del ejercicio de un derecho, al haber sustraído parte de la documentación del expediente que había sido expresamente solicitado para su revisión”.