9/8/2004.- El nombramiento por el Pleno Municipal de Pilar Fernández Oraá como Jueza de Paz de Pinto, ha creado una gran polémica entre los grupos municipales de este Ayuntamiento. Oraá está ligada al Ayuntamiento a través de un contrato de servicio en el área de Cultura y fue integrante de la lista electoral del PSOE en las elecciones municipales de 2003. Por otro lado, el Pleno municipal, con los votos de PSOE e IU, también propuso como sustituto de Fernández Oraá a Francisco Gómez, militante de IU y concejal de uno de los gobiernos del ex alcalde Carlos Penit. Ambas propuestas de nombramiento deben ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
PSOE e IU, que forman Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Pinto, apoyaron las candidaturas de estas dos personas afines, mientras la oposición, JpP y PP, votaron en contra por ser ciudadanos conocidos por su conexión política con PSOE e IU, lo que podría ser motivo de incompatibilidad.
Ambos partidos, PP y JpP, propusieron consensuar un candidato entre los varios que se habían presentado con un currículum sin vinculación política y con un perfil y formación más ligados al Derecho, propuesta que fue rechazada de plano por el Gobierno municipal, que impuso con su mayoría absoluta a sus candidatos presuntamente contaminados. Uno de ellos, Francisco Gómez, llegó a escribir de su puño y letra al presentar su candidatura que “no existe inconveniente por mi parte en causar baja en el partido y sindicato al que pertenezco (se refería a IU y CC.OO) en caso de ser designado para dicha función”.
JpP ha anunciado que está estudiando recurrir estos nombramientos al interpretar “que es motivo de incompatibilidad manifiesta según la Ley 6/85 Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 395”.
Ambos partidos, PP y JpP, propusieron consensuar un candidato entre los varios que se habían presentado con un currículum sin vinculación política y con un perfil y formación más ligados al Derecho, propuesta que fue rechazada de plano por el Gobierno municipal, que impuso con su mayoría absoluta a sus candidatos presuntamente contaminados. Uno de ellos, Francisco Gómez, llegó a escribir de su puño y letra al presentar su candidatura que “no existe inconveniente por mi parte en causar baja en el partido y sindicato al que pertenezco (se refería a IU y CC.OO) en caso de ser designado para dicha función”.
JpP ha anunciado que está estudiando recurrir estos nombramientos al interpretar “que es motivo de incompatibilidad manifiesta según la Ley 6/85 Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 395”.
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