El pasado mes de febrero el Congreso de los Diputados aprobó el actual Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que afectará a las competencias reguladoras municipales y que actualmente está tramitándose en el Senado. La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCE) ha iniciado una campaña mostrando el rechazo a esta medida ya que considera que "existiría una evidente desprotección jurídica en materia de salud y consumo y dejaría en manos privadas e intereses comerciales las consideraciones relativas a la expropiación forzosa y a las infracciones graves al no aplicarse el principio de precaución".
En este sentido el MIA de Pinto ha presentado una moción para el próximo pleno del municipio que tendrá lugar el próximo 28 de abril instando al Ayuntamiento a que muestre su rechazo a esta Ley. El partido asegura que de llevarse a cabo la medida se "usurparían" competencias municipales para otorgar licencias y en el campo de las telecomunicaciones, dejando "en auténtico papel mojado" la actual ordenanza local aprobada al respecto en junio de 2012.
Entre las autonomías municipales que se perderían el partido destaca el planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística; la protección y gestión del patrimonio histórico; el medio ambiente urbano y la protección contra la contaminación; la protección de la salubridad pública; y la promoción local de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Además, desde MIA advierten que la nueva Ley contempla la posibilidad de "la expropiación de bienes privados y públicos" para la instalación de antenas de telefonía móvil, sin posibilidad alguna de intervención por parte de los gobiernos municipales.
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