Sí a la reforma de la administración local, pero no al desmantelamiento

Son muchos los ayuntamientos que se han mostrado contrarios a la reforma de la administración local impulsada por el Gobierno de Rajoy y que han apoyado la iniciativa socialista de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, por entender que se vulnera la autonomía local que garantiza la Constitución Española.

El proyecto se rige por la estabilidad presupuestaria y prevé una serie de medidas que según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, supondrán un ahorro de 8.000 millones de euros. De esta forma, las corporaciones locales quedarán sometidas al pago de una deuda financiera de dudosa legalidad a pesar de ser las entidades públicas con menos déficit del territorio español. Además, tiene poco sentido que el Gobierno aluda a esa supuesta falta de sostenibilidad teniendo en cuenta que la financiación de los ayuntamientos es mínima si la comparamos con los recursos que tienen la administración central o con las autonómicas. Cabe añadir también que si la verdadera intención de esta reforma fuera alcanzar la estabilidad presupuestaria resultaría más lógico revisar la Ley Reguladora de Haciendas Locales y paliar la insuficiencia económica de las entidades locales.

De aprobarse esta reforma, que cuenta con el rechazo de casi todos los grupos de la oposición y de más de 2.000 alcaldes, la autonomía y la participación local quedarían fuertemente restringidas, se modificaría la prestación de determinados servicios y se favorecería la privatización de servicios públicos. Se trata de un ataque a la autonomía local que, vendida como estabilidad presupuestaria, deteriora las condiciones de vida de la ciudadanía y restringe sobremanera el ejercicio de una democracia real y directa.

Una reforma de la administración local es necesaria, pero sin trampas. En su proyecto, el Gobierno central debería blindar los ayuntamientos como el primer elemento de participación democrática y favorecer su desarrollo y la prestación de servicios de calidad. Aliviar la financiación con una reforma de la ley que garantice la suficiencia financiera, la imposición de un sistema tributario progresivo y no patrimonial y favorecer la creación de empleo de calidad. De paso, alejarse del criterio de austeridad y acercarse al de eficiencia, favoreciendo la calidad de los servicios públicos en lugar de dejarlos morir muchas veces para después proceder a su privatización. Una reforma local debería aprovechar que el ayuntamiento es la herramienta democrática más cercana al ciudadano y el encargado de velar por los derechos sociales. Es necesario que el fin último de la modificación se aleje del cumplimiento de la deuda y, sobre todo, que no favorezca la reducción de la influencia de los ciudadanos en la toma de decisiones que, al fin y al cabo, nos afectan a todos.