La oposición y el sindicato EPS exculpan al secretario municipal

Ante la información publicada por Zigzag sobre la clausura temporal de los ascensores municipales debida, según fuentes del consistorio, a un error del secretario del Ayuntamiento de Pinto, Esteban Fernández, se han producido diferentes reacciones en defensa del empleado público. Los primeros en hacerlo fueron los diferentes partidos de la oposición que han tachado de "lamentable el comportamiento del equipo de gobierno con los trabajadores del Ayuntamiento", en palabras de José Luis Contreras, concejal de UPyD.

El PSOE, grupo que destapó a través de una nota de prensa el caso de los ascensores, ha emitido un segundo comunicado en el que vuelve a exculpar al secretario municipal. Los socialistas aseguran que la acusación forma parte de "una campaña intencionada de desprestigio", ya que consideran que se podría haber llevado la adjudicación a la Junta de Gobierno Local desde el 11 de diciembre y no haber esperado al día 30.

Del mismo modo el partido se pregunta si es responsabilidad del secretario del Ayuntamiento de Pinto no agilizar los trámites desde el pasado 18 de octubre, día en el que venció el plazo de presentación de ofertas, de "un procedimiento negociado sin publicidad y ante la urgencia de proceder a la renovación de un contrato de estas características". Consideran que podría haberse convocado una junta extraordinaria: "¿O es que estos mecanismos urgentes solo se utilizan para privatizar servicios públicos como Aserpinto?"

MIA también se ha hecho eco de lo sucedido con los ascensores y se ha referido a un rifirrafe entre Esteban Fernández y Salomón Aguado, concejal de Hacienda, del que Zigzag informará con detenimiento próximamente. "Es sólo un detalle más de la política de personal nefasta que está llevando a cabo Salomón -comenta Rafael Sánchez, concejal del partido- Destaca por un sistemático retraso en los pagos y un maltrato psicológico y desprecio hacia los trabajadores".

Sobre las dos versiones de lo ocurrido en el tema de los ascensores, MIA cree que "merece más credibilidad y confianza la palabra del secretario que la del concejal de Hacienda".

EPS | La sección sindical del Ayuntamiento de Pinto EPS (Espacio de Participación Sindical) ha emitido una nota de prensa en la que contesta a la noticia publicada por Zigzag y que califican como "tendenciosa". Haciéndose eco "del sentir unánime de los trabajadores del Ayuntamiento" han manifestado que la única causa de que esta noticia haya saltado a los medios ha sido la pelea entre el secretario municipal y el concejal de Hacienda.

EPS ha matizado que fue no fue el consistorio quien decidió clausurar los ascensores sino "el técnico responsable del área". El sindicato asegura que el 28 de octubre de 2013 debía acabar el contrato con la empresa de mantenimiento, pero ante la falta de tiempo material para cerrar uno nuevo decidió prorrogarse el contrato dos meses más. Todo ello, argumentan, porque la concejal de Contratación, Tamara Rabaneda, "no está liberada y tiene su trabajo en la empresa privada, por lo que no podía asistir a las mismas en su calidad de presidenta".

Es por ello que, según esta versión, desde el 28 de diciembre los ascensores dejaron de contar con un servicio de reparación. Dado que la Junta de Gobierno Local no se celebró hasta el 30 y los días siguientes eran festivos no se confeccionaron todos los documentos necesarios para cerrar el acuerdo hasta el día 3: "En esta fecha ya se encuentra en la mesa de la señora alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, todo el expediente confeccionado con la firma del secretario. A partir de ahí se requiere unos procesos burocráticos para la notificación, como registro de salida y envío de la notificación, sabiendo que por medio hay un fin de semana largo, con el día 6 de enero como festivo".

Por todo ello desde EPS consideran que "parece claro que no fue un olvido del secretario general del Ayuntamiento el causante de esta clausura de los elevadores". Afirman que "no vamos a permitir que se viertan difamaciones sobre trabajadores municipales" cuyo único objetivo es desprestigiarlos para justificar acciones que "atentan de manera grave contra la transparencia que debieran regir los servicios públicos".