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El negocio de la patada en la puerta

Dos casos especiales

Esther A. Muñoz Ver comentarios 5 Lunes, 23 de Diciembre de 2013 Tiempo de lectura:


Dos casos especiales:


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Milena lleva 7 años en España. Cuando se quedó embarazada de su segundo hijo decidió venir a Pinto “buscando un sitio tranquilo donde criarle”.


Las cosas empezaron a no ir bien. Tanto Milena como su marido se quedaron en paro. “Sufrí malos tratos, pero aunque lo denuncié no hubo orden de alejamiento”. Cuando el dinero dejó de entrar a casa, la vida de Milena se vino abajo. “Mi pareja no me pagaba la pensión porque tampoco tenía ingresos, vivíamos de los 426 € de subsidio y tuve que dejar de pagar el alquiler”.
 
Milena supo que tenía que volver a su país, Rumanía, pero llevarse a los niños sin un permiso del juez, supondría un secuestro. “Me tiré dos días viviendo en la calle. Aunque no tenía buena relación con la familia de mi ex pareja, le pedí a mi suegra que por favor se quedara con los niños hasta que encontrara alguna solución”.


Pasados los días, Milena consiguió ponerse en contacto con un tipo que podía abrirle una casa. “Estaba asustada -recuerda Milena- sabía a lo que se refería y que desde entonces me convertiría en una delincuente”. Fue en marzo de este año cuando Milena se convirtió en delincuente. 


[Img #7415]Delincuente | “Yo no quiero vivir así”, declara Milena con un brillo en los ojos mientras los pequeños de 2 y 4 años se retiran a otro cuarto. “Siempre he sido una persona normal y de repente… -coge aire- me veo en esta situación. No quiero estar así”


Para que Milena pueda abandonar su nueva situación cuanto antes, la PAH de Pinto lleva su caso. El  piso okupado por Milena es propiedad del banco. La Obra Social la PAH es un nuevo movimiento dentro de la plataforma en apoyo a la okupación de las viviendas que los bancos tienen vacías. “Nosotros no damos la patada ni las abrimos”, explica Fernando Oliver, portavoz en Pinto, “sólo ayudamos a las personas que están dentro. En ningún caso apoyamos ni ayudamos a okupas de viviendas privadas”.


De momento, la PAH ha presentado un escrito al BBVA solicitando el alquiler social en la vivienda okupada por Milena o en cualquier otra. Milena también presentó en Servicios Sociales de Pinto una solicitud para una vivienda de emergencia social. “Cuando fui al Ayuntamiento me dijeron que la alcaldesa no podía hacer nada, ‘si acaso’, dijeron, ‘Rosa [concejala de Asuntos Sociales] te llamará cuando tenga un hueco’. Aún estoy esperando la llamada”


Milena ya conocía de antes a alguno de sus nuevos vecinos de cuando “era una persona normal”. “No tengo relación con nadie, me he aislado por vergüenza”, admite. De hecho, sus vecinos no supieron de su situación como okupa hasta que, en una reunión organizada por la PAH, Milena decidió contárselo.


“No quería que supieran que también soy okupa porque sé la clase de gente que hay aquí y yo no soy como ellos”, aclara Milena, “yo no he venido aquí a crear problemas”



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“Estuvimos tres días viviendo en la calle. Una pancarta de cartón a nuestro lado explicaba nuestra situación. Al tercer día, en el metro de Madrid, se me acercó un hombre y me dijo que me daba las llaves de un piso por 200 €”. Así fue como las hermanas M. y R. terminaron de okupas en una de las viviendas del BBVA de la calle Nicolás Fuster.

M. y R. son dos españolas de Ceuta. R. nació enferma y permanece a la espera de un trasplante de pulmón. “Un pulmón no le funciona, el otro lo tiene colapsado con el corazón”, explica su hermana. “Vinimos a Madrid hace dos años porque los médicos le aconsejaron un sitio menos húmedo”, narra R.


“Nunca he empalmado la electricidad de la comunidad”, declara R. ante las acusaciones de algunos de sus vecinos “cuando llegué aquí teníamos luz y agua y cuando hace 15 días nos lo quitaron no intenté hacer nada”. “Sé que soy una delincuente por estar aquí”, prosigue entre lágrimas, “cuando llegué llamé a la Guardia Civil para denunciarme”.

Por su enfermedad, R. no puede trabajar.  M. está en paro y su trabajo como asistente de ancianos en Madrid lo cobraba en negro, por lo que las dos hermanas subsisten con la ayuda de 300 € que recibe R. por su minusvalía. Pese a que algunos vecinos declaren que las dos hermanas “fardan” de coche y móviles de última generación, su salón tiene sillones porque alguien decidió que ya no los quería y se calientan gracias a una estufa conectada a una bombona que les consiguió la PAH.


“Tenemos miedo”| Las hermanas han vivido momentos realmente angustiosos con sus vecinos. “Hace unos días a mi hermana le dio un ataque y tuvo que venir la ambulancia a llevársela -recuerda M. con tristeza- . Cuando llegó, un grupo de vecinos rodearon la ambulancia para que no pudiera avanzar y comenzaron a insultarnos”. La policía no hizo nada, argumentando que “no podemos hacer nada contra gente que protesta en la vía pública”.


“Los vecinos que nos insultan no saben ni que vivimos aquí”, protesta M., consciente de que comparten pared con okupas problemáticos, “nos meten a todos en un mismo saco y no es justo”“No bebo, no hago fiestas, no llego a las tantas de la noche… somos musulmanas, pero para ellos eso es negativo”, explica enfadada. “Si alguien tuviera que quejarse de nosotras sería mi vecino de al lado, no gente que vive en otro bloque, no saben nada de mí, ni quieren saberlo”. Pero su vecino, no sólo no se queja, sino que las ayuda en lo que puede. “Es un encanto, no puedo pedirle nada más, sale a trabajar a las 6.30 de la mañana y llega por la noche”.


15 largos días | El día que se realizó la entrevista con las dos hermanas, llevaban 15 días sin agua y luz. R. necesita conectar unos aerosoles a su cuerpo cuatro veces al día durante 15 minutos para poder vivir. Una tarea que desde el apagón realizaba en los lavabos del Centro Comercial Plaza Éboli. Una solución desaconsejada por su médico: “los aerosoles deben de colocarse de forma higiénica sobre la piel limpia y en condiciones de salubridad”, escribía el doctor uno de los informes. 


M. y R. habían acudido a Servicios Sociales, donde les aconsejaron empadronarse pero no les dieron ninguna solución a su problema eléctrico. “Dada vuestra situación de okupas poco se puede hacer”, les explicaron.


M. vio a la PAH mientras ayudaban a Milena y les abordó a la desesperada: ¡Ayuda! Su caso requería una respuesta inmediata. “La mañana siguiente fuimos al Ayuntamiento, si era necesario conectaríamos los aerosoles de R. en el propio Consistorio”, relata Oliver, “pero antes, fuimos a preguntar a la concejalía de Igualdad, si sería posible que R. utilizara una sala del centro Miguel Ángel Blanco para tomar su medicación”. Juan Ángel Barajas, cargo de confianza, les dio un sí inmediato. Primero las personas, después el protocolo, dijo. Pero como la Administración siempre está atada a la legalidad, esa misma tarde, una de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento comunicó a las chicas que no podían hacerlo “por motivos de papeleo”.


Moralmente correcto o lo legalmente apropiado, la PAH se encendió y volvió a las puertas del Ayuntamiento a exigir una ayuda inmediata. Una ayuda que en palabras de Rosa Ganso “ya les estamos dando”. Quien añadió: “Al ser okupas pierden todos sus derechos, están empadronadas desde hace muy poco pero estamos trabajando con ellas. Hemos hablado con el Centro de Salud para que les habiliten una sala donde R. pueda medicarse, pero todo debe hacerse de forma legal y los trámites tardan. Aun así, les hemos proporcionado una solución cautelar e inmediata”.

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