Recortes a la democracia local

La modificación del artículo 135 de la Constitución Española -por acuerdo de PSOE y PP en 2011- eleva la “estabilidad presupuestaria” a principio rector. En ello se basa el Ejecutivo de Rajoy para “someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones relativas al completo estatuto jurídico de la administración local”.

Objetivos de la reforma

Según el texto, son: evitar duplicidades de las competencias -bajo la premisa “una administración, una competencia”- garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso, racionalizar la estructura de la administración local “de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera” y limitar la intervención administrativa  desproporcionada para “favorecer la iniciativa económica privada”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, planea ahorrar 8.000 millones de euros mediante la supresión de determinados servicios que venían siendo prestados por los ayuntamientos. Esta cifra comprende la fusión de ayuntamientos, la eliminación de empresas públicas y el traspaso a las comunidades autónomas de competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales. Según el Gobierno, esto no modificará la calidad de los servicios. Montoro ha afirmado que “el ánimo de este proyecto es potenciar las administraciones locales”. La oposición no opina igual. Tampoco los más de 2.000 alcaldes que se han manifestado en contra del proyecto.

Enmiendas

Se han presentado un total de 10 enmiendas a la totalidad. Para el PSOE, la ley “es un paso más deliberado en el desmantelamiento del Estado de Bienestar”. El PP responde que la oposición no tiene datos para afirmar que los servicios sociales vayan a desaparecer. Pero, los socialistas no descartan presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que “vulnera la autonomía local garantizada constitucionalmente”. Opinan que, en el fondo, el texto pretende “la privatización de la gestión de los servicios públicos locales”.

Para Izquierda Plural, estamos ante una “involución democrática”, que abre la puerta a la privatización de servicios y destruye empleo público. En su enmienda proponen, entre otras medidas, la eliminación de las diputaciones provinciales. Alegan también que los ayuntamientos son las administraciones “más saneadas económicamente” y proponen flexibilizar los objetivos de déficit.

UPyD considera que el texto no elimina duplicidades entre administraciones ni mejora su financiación. Según la formación, “el proyecto de ley deja vacíos de funciones a los ayuntamientos” mientras que refuerza las diputaciones, “chiringuitos de poder partidario”.

Posición del Gobierno

Para el Gobierno, existe un “modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades”, que ha generado duplicidad en la prestación de servicios o que ha provocado que las entidades locales presten servicios sin contar con los recursos adecuados. En el texto, el PP reconoce que “los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de máxima prioridad” y que la administración local “debe contribuir racionalizando su estructura”. Esto es: se promueve el traspaso de competencias a las diputaciones provinciales y se establecen mecanismos para que el Ministerio de Hacienda pueda controlar las cuentas locales y vigilar la estabilidad presupuestaria.

Fusión de Ayuntamientos

Las entidades locales podrán fusionarse si es aprobado por mayoría simple en cada uno de los plenos de los municipios implicados. Es una medida voluntaria, aunque el Ministerio de Hacienda establece una serie de bonificaciones a aquellas localidades que se acojan a esta opción, como incremento de su financiación y preferencia a la hora de optar a subvenciones-

La fusión podrá realizarse siempre que el resultante tenga “al menos 5.000 habitantes” y “sea financieramente sostenible”. La corporación municipal estará formada por la suma de los concejales de las localidades integradas. El municipio resultante de la fusión “no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión”.

Una administración, una competencia

La ley pretende eliminar en los ayuntamientos servicios que venían prestando pero que, según el PP, no les son propias. En materia de Educación, el consistorio gozará de competencias en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y en la conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios destinados a educación infantil, primaria o especial. En servicios sociales, sólo los municipios con más de 20.000 habitantes tendrán la obligación de evaluar e informar de “situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

Además, la diputación será la encargada de coordinar la recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías y tratamiento de residuos en municipios que no superen los 20.000 habitantes. Será la diputación la encargada de establecer la forma de prestación o “implantación de fórmulas de gestión compartida”. Aunque recaerá en el municipio “el coste efectivo”.

Sin embargo, el texto es ambiguo a la hora de tratar el incremento de poder en las diputaciones. Aunque coordinará ciertos servicios en municipios con menos de 20.000 habitantes, mantiene que el traspaso de las competencias tiene que realizarse “con la conformidad de los afectados” y aclara que es voluntario para añadir, más adelante, que si las diputaciones detectan que pueden prestar servicios a un menor coste que los municipios “influirán en el plan provincial de prestación unificada o supramunicipal para reducir los costes efectivos”.

Retribución de cargos públicos

Sólo un 2% del ahorro que prevé el Gobierno corresponde a la rebaja del sueldo de alcaldes, concejales y personal de confianza. El sueldo de los ediles tendrá un techo y se calculará en función de dos variables: el salario de un secretario de Estado (100.000 euros brutos al año) y el número de habitantes. Así los ediles con dedicación exclusiva en una ciudad que tenga entre 20.000 y 50.000 habitantes, como es el caso de Pinto (aunque esta ciudad está muy próxima a superar los 50.000 habitantes), no podrán percibir más de 55.000 € brutos al año, mientras que en los municipios que tienen entre 50.000 y 75.000 habitantes, el sueldo máximo es de 65.000 €.

La ley, sin embargo, no regula el derecho a dietas.

Número de ediles liberados

También se limita el número de ediles con dedicación exclusiva. Con menos de 50.000 habitantes, que es el caso actual de Pinto, los ediles liberados (con sueldo y dedicación exclusiva) no excederán de 11. En Pinto son 12 los ediles liberados, 10 del Gobierno y dos de la oposición.

Cargos de confianza

En el apartado de personal eventual (asesores o cargos de confianza), a Pinto le corresponderían un total de 7, mientras que en la actualidad tiene 14, nueve del Gobierno y cino de los partidos políticos. En el momento en que Pinto llegue a los 50.000 habitantes, el personal eventual máximo pasaría de 7 a 12.

Intervención de Estado

Según el borrador del proyecto, los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán ser intervenidos si superan el nivel de deuda permitido o si su necesidad de financiación se dispara. Sucederá lo mismo si incumplen su obligación de remitir las cuentas al Ministerio de Hacienda. El Gobierno fijará “las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias”, establece el texto, a través de la Intervención General de la Administración del Estado.

Empresas públicas

El PP propone en el proyecto de Ley “impedir la participación o constitución de entidades instrumentales” a las entidades que estén sujetas a un Plan de Ajuste, como es el caso de Pinto. De existir empresas de titularidad pública, como es el caso de Aserpìnto, se exige un saneamiento si se encuentran en situación deficitaria y, si no se produce, “se deberá proceder a su disolución”.