El pasado día 18 de septiembre el Pleno de Pinto aprobó el pliego de condiciones que regirá la futura externalización de los servicios de limpieza de los espacios públicos, el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y el mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes que hasta ahora llevaba a cabo la empresa municipal Aserpinto. La página web del consistorio recoge el documento al que deberán atenerse las empresas solicitantes.
Sin embargo son muchas las discrepancias entre gobierno y oposición en los detalles de este pliego, comenzando por algo tan básico como el coste de los tres servicios externalizados. Según el Ayuntamiento, a través de un informe realizado por la empresa Acal [por 18.150 euros], Aserpinto recibirá este año 2013 un total de 6.574.189,72 euros de los que 5.110.742,73 corresponden a los suelos de los 172 empleados que forman parte de éstas áreas.
Para establecer el precio de licitación, el pliego recoge un descuento de 363.934,05 euros por la valorización de residuos para establecer un precio de salida de 6.210.261,86 euros, IVA incluido.
Críticas
Para la oposición las cifras están “infladas” para obtener un precio de licitación por encima del coste actual de la empresa. Tal y como explican desde MIA, con los presupuestos de Aserpinto en la mano el precio que paga el Ayuntamiento es de 6.030.000 euros, desglosados de la siguiente manera: 1.257.000 para la gestión de residuos urbanos, 195.000 para la recogida de enseres, 2.485.000 para el mantenimiento de la limpieza viaria y 2.093.000 en jardinería.
Desde el partido se denuncia además que el cobro del IVA se realiza a la inversa, ya que el consistorio paga a la empresa municipal sin ese impuesto. En el pliego el coste de los tres servicios se calcula restándole un IVA que no se contempla en los presupuestos [el precio de licitación base es de 5.450.441,75 euros], por lo que desde MIA creen que al final terminará aplicándose y pagando más. “Y no se incluye en ese coste el beneficio industrial [suele ser del 6%] que entendemos querrá tener la empresa adjudicataria”, añade Rafael Sánchez, concejal del grupo municipal.
En el pasado Pleno extraordinario la oposición criticó que el pliego estaba "mal hecho", más cuando la interventora lo corrigió en mitad de la sesión. Según cuentan los diferentes concejales fueron ellos mismos quienes advirtieron de un sobrecoste al contemplar un área cuyo enunciado infundía a error, y por el que la empleada municipal cifró el precio total de las tres áreas de Aserpinto en 7.633.000 euros.
Futuro de la plantilla
El Partido Popular ha defendido en repetidas ocasiones que “la primera prioridad de este equipo de gobierno ha sido el mantenimiento de todos los puestos de trabajo”, en palabras del concejal Juan Antonio Padilla. Según se puede leer en el pliego de condiciones “la empresa adjudicataria estará obligada a absorber la totalidad del personal en el momento de hacerse cargo del servicio objeto del contrato figura en la plantilla del contratista actual, conservando éste su antigüedad y derechos económicos”.
Sin embargo la polémica surge en el siguiente párrafo: “Será obligación de la empresa adjudicataria reconocer todos los derechos y obligaciones laborales que vinieran disfrutando con el anterior contratista a través de los convenios colectivos y acuerdos vigentes en el momento de la licitación”. Es decir, que tras la finalización del convenio actual [que prescribe en diciembre de 2014] la nueva empresa decidirá el futuro laboral de los trabajadores. De hecho, tal y como se puede leer al respecto de las nuevas contrataciones de personal, “al finalizar el contrato el número de empleados de la plantilla no podrá ser superior a la plantilla incluida en el anteproyecto” pero no prohíbe que sea inferior.
Materiales y espacios municipales
Por otro lado, la empresa adjudicataria deberá durante los 10 años que dure el contrato, prorrogable a cinco más, reparar o comprar los materiales que sean necesarios para la prestación del servicio, sin coste adicional alguno para las arcas consistoriales. Además, se pondrá a su disposición las diversas casetas del municipio que podrían verse supeditadas a cambios futuros “sin posibilidad de reclamar por parte de la empresa”. Aunque el contratista podría usar otros edificios municipales siempre deberá hacerse cargo de los gastos de reparación o de otros como la luz y el agua. Tanto los bienes adquiridos como las posibles obras realizadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento al finalizar el contrato.
Antonio | Viernes, 27 de Septiembre de 2013 a las 18:11:02 horas
Lo raro es que no haya anarquía total en el mundo porque todos los convenios colectivos tienen un año de finalización. Ah! no, que es que cuando llega el final los sindicatos vuelven a negociar!!!! Pues entonces sigo sin entender todo esto no entiendo
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