Primer reparto de beneficios del Canal

La junta general de accionistas de Canal Gestión aprobó el pasado 26 de junio el reparto de 118,3 millones de euros en dividendos. De este reparto el Ayuntamiento de Pinto, que tiene el 0,14% de las acciones de la sociedad, recibió 160.997 euros, Valdemoro (0,20% de acciones) 238.376 euros Ciempozuelos (0,07% de acciones) 81.924 euros y San Martín de la Vega (0,06% de acciones) 68.176 euros

El Ayuntamiento de Pinto se sumó en el pleno del 8 de agosto de 2011 al convenio de privatización parcial del Canal de Isabel II. Sólo el PP votó a favor, mientras que los tres partidos de la oposición, PSOE, MIA y UPyD, rechazaron el  nuevo modelo de gestión. El portavoz del gobierno pìnteño, Julio López Madera, alegó en el pleno local que aprobó la adhesión que es una buena decisión “porque evitará apretar el bolsillo de los ciudadanos subiendo los impuestos y, además, proporcionará a Pinto importantes beneficios económicos”.

La nueva sociedad

El julio del año pasado se consumó la constitución de la sociedad Canal Gestión, pasando el Canal de Isabel II a tener un 49% de capital privado y convirtiéndose en una empresa mixta con mayoría de capital público.

El 82,4% de las acciones son propiedad del ente público Canal de Isabel II, el 10% pertenecen a la ciudad de Madrid y el restante 7,6% de acciones a los otros 110 municipios que se han adherido al convenio, en proporción a su población.

Reparto a los municipios

Madrid (PP) ha sido el que ha recibido mayores dividendos, concretamente 11,8 millones de euros. Los siguientes municipios más beneficiados fueron Móstoles (PP) con 745.000 euros, Fuenlabrada (PSOE) con 719.000 euros, Getafe (PP) con 611.581 euros, Alcorcón (PP) con 608.575 euros y Parla (PSOE-IU) con 434.583 euros.

Contradicciones

Lo cierto es que mientras las ejecutivas regionales del PSOE e IU se han opuesto al nuevo modelo de gestión del Canal, los principales ayuntamientos en los que gobiernan estas formaciones se adhirieron al convenio privatizador. Así, antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, calificó la privatización de “inmoral” y “no tener sentido”. Incluso afirmó que, en caso de gobernar, revocaría la decisión y la empresa seguiría “siendo de todos los madrileños”, en una estrategia similar a la impulsada frente a la privatización de la gestión de seis hospitales. Siguiendo esa línea, Gómez también anunció un recurso al Constitucional para evitar lo que denominó como “expolio”.

De la misma manera, los alcaldes de IU de San Fernando de Henares y de Rivas se comprometieron a impulsar, tras las elecciones municipales y autonómicas de 2011, una iniciativa legislativa municipal para detener en la Asamblea de Madrid la privatización del Canal de Isabel II. José Masa, alcalde de Rivas, manifestó en diversas ocasiones que la privatización “sería un disparate con perjuicios económicos, sociales y ambientales para todos los madrileños”. Sin embargo, terminó firmando el convenio con Canal Gestión, por el que ahora su municipio ha cobrado 256.153 euros. De la misma manera actuó el regidor de San Fernando de Henares, a cuyo municipio le han correspondido 149.657 euros.

De los 19 ayuntamientos socialistas de la Comunidad de Madrid, seis (los principales) han firmado el convenio y de los cinco en los que gobierna IU,  sólo no lo ha firmado Navalagamella. Por parte del PP, no se adhirieron Leganés, Coslada, Galapagar y Brunete.

Por otro lado, el socialista Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad entre 1983 y 1995, también se planteó privatizar una parte del Canal de Isabel II por razones de eficiencia y acceso a otros mercados. Eso sí, fijó el porcentaje máximo en un 20% frente al 49% de Ignacio González.

Capital privado

“En los tiempos que corren, todo lo que sea recibir ingresos para un Ayuntamiento es una satisfacción”, manifestó el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles. Por su parte, José María Fraile, su homólogo de Parla, se mostró “satisfecho desde el punto de vista económico”.

En el Gobierno regional reconocen que la coyuntura sigue sin favorecer la entrada de capital privado. La intención del Ejecutivo autonómico es que sea el 49% para 2016. La Comunidad alega para desprenderse de casi la mitad de la sociedad la necesidad de hacer frente a 4.000 millones en inversiones obligadas por Bruselas durante los próximos 15 años.

Según el valor contable de la entidad, la venta de las acciones supondría unos ingresos de 1.052 millones, de los que 185 millones corresponderían a los ayuntamientos con acciones. En el Canal niegan que las infraestructuras vayan a perder calidad.