Irresponsables, sectarios e incompetentes

Desde que el PP llegó al gobierno local en junio de 2007 sometió a la hacienda municipal a una gran presión de gasto difícilmente soportable en un periodo de tiempo relativamente corto, una legislatura.

El despilfarro del PP

Nada más tomar posesión decidieron liberar con dedicación exclusiva a un mayor número de concejales del Gobierno, reponer las fiestas de septiembre, dilapidaron miles y miles de euros en el pago de horas extraordinarias, ambulancia medicalizada 24 horas, las fiestas de 2008 costaron más de un millón de euros, aumentaron el número de líneas de transporte urbano, privatizaron servicios (limpieza viaria, recogida de basura, jardines, etc) suponiendo un encarecimiento con respecto a la prestación directa (más de un 30%), etc.

El déficit (remanente líquido de tesorería negativo) que podría estimarse para mediados de junio de 2007, fecha del cambio de gobierno, en -1.500.000 € (proporcionalmente a los -3.300.000 € que se alcanzaron a 31 de diciembre de 2007), lo han disparado multiplicándolo por seis en una sola legislatura, elevándose a -9.396.643,16 € a 31 de diciembre de 2011.

Además, el PP optó por utilizar a los proveedores como “bancos” financiadores, elevándose (a 31 de diciembre de 2011) las obligaciones pendientes de pago a 14.852.695,54 € (más del presupuesto municipal de todo un ejercicio).

Esta caótica gestión económica les obligó a solicitar un crédito de más de 9.000.000 € para pagar a los proveedores (amortizándose a una media de algo más de 1.000.000 al año, durante un plazo de diez) y a aprobar el pasado día 30 de marzo un Plan de Ajuste previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012.

No asumen responsabilidades

¿Y quién debiera pagar por esta situación? Quienes nos han conducido a ella: la Sra. Alcaldesa y la Concejala de Hacienda, fundamentalmente. Ellas no pueden culpar a factores exógenos (crisis económica) la pésima situación de las finanzas municipales. Solo lo podrían hacer en lo relativo a la participación en los tributos del Estado (que sí han disminuido) y al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Pero el descenso en estos ingresos ha sido compensado, con creces, por la brutal subida que ha experimentado el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que ha pasado de 2.904.556,61 €, en 2009, a 5.319.127,62 € en 2012.

San Martín languidece

Pues no tienen pensado que sea así. Los primeros perjudicados seremos los vecinos, quienes pese a estar soportando unas subidas de impuestos exorbitantes, estamos asistiendo al languidecimiento de nuestro pueblo. Constatamos como día a día van desapareciendo servicios (ferrocarril, oficina judicial, etc..) y actividades (de animación a la lectura, exposiciones, conciertos, teatro, cine, programas de juventud…), y nos han amenazado a que en los 10 próximos años no van a producirse nuevas actividades culturales.

El PP culpabiliza y divide a los trabajadores municipales

El segundo colectivo que va a pagar la mala gestión del Equipo de Gobierno han pensado que sean los trabajadores municipales. Los empleados públicos municipales están integrados por dos colectivos: funcionarios y laborales. Los primeros suponen un poco más del 50% del gasto y los segundo el resto. El Plan de Ajuste preveía un ahorro en el apartado de gastos de personal (funcionarios y laborales) de casi 500.000 € al año, a partir de 2013.

En el mes de abril de 2012 el Gobierno del PP propuso a los representantes de los empleados (funcionarios y laborales) una reducción en sus retribuciones de un 7,64%. De no aceptarse la propuesta se producirían despidos, pero solo para el personal laboral.

En el propio mes de abril, mientras una asamblea del personal laboral aceptó la disminución de retribuciones, casi por unanimidad (57 votos a favor, 9 abstenciones y 1 voto en contra), otra asamblea de los funcionarios siendo conocedores que el Ayuntamiento puede decidir la reducción de sus retribuciones, a través de la modificación de las cuantías del complemento específico que recoge la relación de puestos de trabajo (RPT), mediante una valoración de puestos de trabajo, manifestaron su desacuerdo a la reducción de retribuciones, al existir otras fórmulas de ahorro.

Como el Plan de Ajuste no prevé la supresión de ningún puesto de trabajo de personal funcionario (que quedaría en la situación de excedencia forzosa, percibiendo únicamente las retribuciones básicas), no se produce ningún incentivo para este colectivo vote por la rebaja salarial. Solo se despide a laborales. Sin que parezca equitativo que se cargue exclusivamente a este colectivo de trabajadores con todo el peso del ahorro.

Despidos “selectivos”

Aunque el personal laboral votó por la bajada de sus sueldos, ahora la Alcaldesa del PP quiere despedir a 14 trabajadores fijos porque, según ella, es ilegal bajar el sueldo a los trabajadores (así se lo ha dicho algún abogado).

El Grupo Socialista, en la oposición, solicitó por registro a primera hora del día 18 de septiembre, informe de Secretaria sobre la legalidad o no de reducción de las retribuciones del personal laboral (que sustituyera a los despidos), y al no haberse emitido a la hora de inicio del Pleno (20 horas del día 20), el citado grupo pidió que los dos puntos del orden del día relativos a los despidos de los trabajadores quedaran sobre la mesa, para ser tratados en otra sesión, cuando esté realizado el informe solicitado. Esta propuesta fue rechazada por la mayoría del PP que también aprobó el inicio del expediente de los despidos, basándose en las conjeturas que la disminución de retribuciones es ilegal y sin ningún informe jurídico que lo avale.

No encuentro ninguna justificación racional a postura del PP, que se prefiera despedir a trabajadores cuando con la bajada de sueldos se consigue el ahorro previsto. Además, que la decisión de despedir supone una falta de sensibilidad social y genera sufrimiento a los trabajadores y sus familias, el despido es más caro por:

• Supone un gasto superior como consecuencia de las indemnizaciones de unos 230.500 €, cuantía que podría dedicarse a actividades dirigidas a los vecinos.
• Las arcas públicas del Estado tendrán que soportar el pago de las prestaciones por desempleo (en un escenario de excesivo déficit público).
• Disminuirán el número de cotizantes a la Seguridad Social.
• Disminuye el número de efectivos que prestan servicios públicos (sin ahorrar coste)

Pero si esto es así ¿Por qué el Ayuntamiento gobernado por el PP nos quiere meter, nuevamente, en otra espiral de derroche de los recursos públicos?

Limpieza ideológica

Honestamente, solo me queda pensar que se quiere despedir a esos trabajadores, sea como sea. Y claro, viendo la lista de afectados (algunos con más de 20 años de servicio) se puede observar que, en muchos casos, tienen un denominador común: no simpatizan con el PP. Limpieza ideológica.

¿Cómo actúa el PP con sus afines? Si son laborales les prepara un proceso similar a la funcionarización. Concretamente, en uno de los casos, de inspector Servicios e Instalaciones Municipales, Obras y Actividades, subgrupo C1 (FP, Bachiller). Sí, ahora que los servicios técnicos urbanísticos tendrán menos carga de trabajo por la caída de la construcción, en 2012 se finaliza el proceso por el que se cubre ese puesto de trabajo para los Servicios Urbanísticos. Se le sube el complemento específico de unos 11.000 € al año a 19.000, como algún A1 (Licenciado) del Ayuntamiento.

Los criterios que el PP ha fijado para decidir a quién se despide parecen haber sido establecidos después de decidir a qué personas se quiere despedir, para que al menos uno de los criterios le pueda ser aplicado al candidato a despedir elegido (en algunos casos se despide al más antiguo en la tarea, en otros al más moderno, etc..).

Mientras que la Constitución Española (artículo 103.3) establece que el acceso a la función pública será de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y así estoy seguro que ha quedado acreditado en los procesos de selección de la inmensa mayoría de los trabajadores fijos afectados por el despido, el PP parece decidido a implantar el sistema de cesantías que desapareció con la reforma de la función pública acometida en 1918 por el Estatuto de Maura. Hasta entonces el gobierno entrante cesaba a los funcionarios y nombraba a otros de su confianza.

¿Cómo es posible que un Equipo de Gobierno malgaste los recursos económicos de todos los vecinos y juegue así con las vidas de un grupo de personas que eligieron el empleo público como profesión por el mero hecho de ejercitar el derecho constitucional de libertad ideológica?

Juan Carlos Vállega Fernández fue alcalde de San Martín de la Vega, por el PSOE, desde octubre de 1988 hasta junio de 2003. Es Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Carlos III de Madrid).