El Ayuntamiento de Valdemoro ha incoado expediente sancionador a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) por no prestar los servicios contratados y no pagar a los trabajadores que realizan tareas de recogida de residuos y limpieza viaria en el municipio.

Como recoge el expediente sancionador, el Ayuntamiento requiere a la empresa a que presente en el plazo de diez días “la documentación justificativa de hallarse al corriente de pago de las nóminas de los trabajadores, las cotizaciones a la Seguridad Social y las correspondientes retenciones”.

El portavoz del Equipo de Gobierno (PP), Javier Hernández, ha manifestado que “nos hemos sentado con FCC para exigirle que pague a los trabajadores y preste el servicio para el que se le ha contratado, porque es su obligación y como no lo están cumpliendo, nuestros servicios jurídicos han puesto en marcha una reclamación legal con el fin de imponer la sanción oportuna a la empresa adjudicataria”.

Los trabajadores de FCC han comenzado el pasado 9 de febrero una huelga indefinida en demanda de sus salarios. La empresa a su vez responde que el Ayuntamiento le debe 40 millones de euros y que ya se ha quedado sin remanente para hacer frente a los pagos.

Una reacción kafkiana: El Ayuntamiento exige a la empresa que haga lo que él no hace

Y el Ayuntamiento en vez de cumplir con su obligación de pagar a la empresa para que ésta pueda pagar a los trabajadores, tiene la desfachatez de incoarle un expediente sancionador, porque, como dice el portavoz del Gobierno de Valdemoro, "la obligación de la empresa es pagar a los trabajadores". ¿Y no es igualmente obligación del Ayuntamiento pagar a la empresa a la que ha adjudicado este servicio? Sólo en las dictaduras se sigue la lógica que ha aplicado el gobierno de Valdemoro.

Actos vandálicos

Por otro lado, un grupo de personas han provocado actos vandálicos con motivo de la huelga de limpieza. Javier Hernández ha "lamentado profundamente el cariz que ha tomado lo que debería de ser una reivindicación laboral por el legítimo derecho de unos trabajadores a reclamar su salario para convertirse en una situación de vandalismo que está teniendo repercusiones en la salud pública de los vecinos más  vulnerables, como son los niños y los enfermos. El colmo del vandalismo es que se han dedicado a esparcir basuras en las puertas de todos los colegios y ambulatorios”. Además “algunas las cerraduras de numerosos centros  municipales han sido obstruidas con silicona, situación que también ha afectado a dos colegios públicos, uno de ellos para niños con problemas de movilidad".

Javier Hernández también denunció que “los servicios mínimos no se están cumpliendo”.