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Esther A. Muñoz
Jueves, 3 de mayo de 2018
Fruto de un proceloso itinerario que comenzó a gestarse en 2005

Pinto ya tiene un Parque de Viviendas Sociales municipal

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El Gobierno ha tardado casi tres años en dar forma a la nueva ordenanza de Vivienda Social y Emergencia, elaborada por el Observatorio de Vivienda y que fue aprobada unánimemente en el Pleno municipal hace más de un año.

El alcalde Rafael Sánchez durante el acto institucional y público de entrega de llaves a los residentes de las nuevas viviendas municipales.En la última década del siglo pasado, la Comunidad de Madrid construyó en Pinto un centenar de viviendas sociales. A través del antiguo IVIMA, éstas fueron adjudicadas en régimen de alquiler a familias de escasos recursos económicos. Veinticuatro años después, ha sido el Ayuntamiento de Pinto quien ha impulsado un parque de viviendas sociales, entregando el pasado 20 de marzo, 15 pisos con alquileres entre 50 y 200 €/mes. Cuestión aparte y anecdótica fue la puesta en escena utilizada por el gobierno municipal para la entrega de llaves a los nuevos inquilinos: un bochornoso espectáculo en el salón de plenos.

La creación de este Parque de Viviendas Sociales de propiedad municipal (y no regional) ha sido fruto de un proceloso itinerario que comenzó a gestarse en 2005 con el entonces gobierno socialista de Pinto, pero que ha culminado el gobierno de Ganemos Pinto en la actualidad, cumpliendo uno de sus objetivos sociales.

El Gobierno ha tardado casi tres años en dar forma a la nueva ordenanza de Vivienda Social y Emergencia, elaborada por el Observatorio de Vivienda -en la que colaboraron los grupos políticos municipales, Cáritas, Cruz Roja, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Rais Fundación-, que fue aprobada unánimemente en el Pleno municipal hace más de un año. Los 15 inmuebles entregados son parte de las alrededor de 50 viviendas propiedad del Ayuntamiento de Pinto.

Para Tania Espada, concejala de Servicios Sociales e Igualdad, esta “lentitud” se ha debido a los trabajos para “poner de acuerdo” a todos los partidos y agentes sociales para elaborar la ordenanza. Algo que para ella es “hacer política” y de lo que se siente satisfecha. 

Primeras viviendas sociales | Como decíamos al principio de este reportaje, las primeras viviendas públicas de carácter social que ha tenido Pinto fueron las promociones de la Comunidad de Madrid en los barrios La Cristina y Puerta de Pinto. Los primeros inquilinos de estas viviendas recibieron las llaves de manos del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina (PSOE), en diciembre de 1994.

La inversión de la Comunidad de Madrid para construir este centenar de viviendas de iniciativa y propiedad regional alcanzó los 360 millones de pesetas (2.160.000 €) y los alquileres mensuales oscilaban entre 1.200 y 18.000 pesetas (7 y 108 €) para pisos de entre dos y cuatro dormitorios, según las situaciones económicas de las distintas familias beneficiadas.

Proyecto de nuevas viviendas sociales | Entre 2005 y 2008, tanto los gobiernos municipales del PSOE como del PP prometieron un parque de 240 viviendas municipales de carácter “social” que se construirían en dos grandes parcelas de las calles Isaac Albéniz y Paseo de las Artes, que jamás llegaron a cumplir.

La crisis económica y el desplome de los ingresos municipales a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 2007 hicieron imposible el proyecto municipal. Aun así, en 2008 la alcaldesa Miriam Rabaneda (PP) organizó un acto propagandístico y “entregó las llaves” de las 10 primeras “viviendas sociales”, cuando éstas apenas estaban en fase de construcción.

El 15 de septiembre de 2006, durante la alcaldía de Juan Tendero (PSOE), el Pleno del Ayuntamiento de Pinto adjudicó a Inversiona la construcción de 240 viviendas de protección pública en la Tenería II, sobre las que el Ayuntamiento tiene un derecho de superficie a los 75 años (es decir, que pasados 75 años, el Ayuntamiento de Pinto será el propietario de las 240 viviendas). Tres años después, Inversiona vende sus derechos a Lazora, empresa inmersa en multitud de demandas e irregularidades, lo que es aprobado por el Pleno del Ayuntamiento del 26 de noviembre de 2009, obligando a Lazora a subrogarse en todas las obligaciones sociales que había asumido Inversiona.

Pero pronto se comprobó que estas “viviendas sociales de alquiler público”, gestionadas por Lazora poco tenían de sociales en plena crisis económica. En 2010 los precios de alquiler que se ofertaron oscilaban entre los 360 €/mes para las de un dormitorio y los 500 €/mes para los de dos dormitorios, precios similares a los de mercado en esos momentos.

Así pues, además del derecho de superficie, el beneficio social que tuvo el Ayuntamiento de Pinto al ceder la parcela municipal EQ3, en la que las inmobiliarias construyeron los pisos, fue quedarse con la propiedad de 32 inmuebles con los que poder realizar una verdadera política social de vivienda.    

Con estas 32 viviendas, el PP puso en marcha su Plan de Vivienda Pública Municipal en la anterior legislatura (2011-2015), con unos precios de alquiler entre 325 y 395 €/mes. Unas viviendas que el propio gobierno advirtió que no serían “sociales”  pero que, sin embargo, fueron ocupadas por familias que atravesaron difíciles situaciones económicas que les imposibilitaron poder hacer frente al pago de los alquileres, engordándose mes a mes la deuda a la `vista gorda´ del PP.

La alcaldesa Miriam Rabaneda posa en 2008 junto a los adjudicatarios de las 'viviendas sociales' en fase de construcción.El proyecto del PP fue criticado por el hoy alcalde Rafael Sánchez, entonces concejal del MIA en la oposición, por no “ajustarse a la dura realidad socio-económica pinteña”. Sánchez denunciaba los elevados precios de los alquileres que establecía el PP, acusando a ese gobierno de “olvidar la labor social” y de “dar la espalda a las personas más necesitadas”.

Creación del Parque Municipal de Viviendas Sociales | Una vez en el gobierno de Pinto, Ganemos crea un Parque de Vivienda Social municipal que actualmente cuenta con 15 pisos de alquiler social, seis residencias para casos de emergencia y dos para proyectos con entidades sociales. Según la ordenanza, se sumarán al parque social “todas las viviendas municipales que queden vacías”.

Nueva ordenanza | El nuevo sistema de baremo de la ordenanza atiende a criterios económicos, factores sociales y la necesidad de vivienda. Los inquilinos nunca pagarán más del 30% de su sueldo.

Para acceder a estas viviendas, se presentaron 135 solicitudes, de las que sólo 65 reunieron los requisitos exigidos por la ordenanza. Quince de estas familias han podido acceder desde el pasado 11 de marzo a una de estas viviendas sociales.

A principios del año pasado, desde el Ayuntamiento se envió cartas a todos los residentes de las viviendas municipales del Paseo de Las Artes con retrasos en el pago del alquiler, advirtiéndoles de que debían ponerse al día con los pagos o el Consistorio no les prorrogaría el contrato. El Ayuntamiento ya trabajaba en la nueva Ordenanza de Vivienda Social.

Hubo familias que no pudieron pagar. Ganemos Pinto aprobó en Junta de Gobierno no prorrogarles el contrato de arrendamiento y se quedaron como okupas de la vivienda durante meses. Esas residencias entraron en la nueva ordenanza y, satisfactoriamente para esas familias, consiguieron entrar entre la lista de nuevos inquilinos. Familias con situaciones realmente dramáticas que se pusieron en contacto con Zigzag denunciando que el Ayuntamiento les “desahuciaba” tras conocer que el contrato de su vivienda expiraba y que han podido conseguir una solución habitacional gracias a que el Observatorio de Vivienda decidió, tras un largo debate, que la nueva ordenanza no penalice la okupación.

Sin embargo, también hubo familias que hicieron el esfuerzo económico de ponerse al día con las deudas, denunciando ahora una “situación discriminatoria” frente al resto de vecinos que, gracias a la nueva ordenanza social, pagan por el piso una renta mucho más baja (entre 50 y 200 €/mes). “Si no atravesáramos problemas, no viviríamos aquí”, explicaba una vecina.

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1 Comentario
Fecha: Viernes, 10 de agosto de 2018 a las 15:31
Pablo
Puestos a entrar en esta dinámica, el Ayuntamiento de Pinto debería recuperar la gestión de las 240 viviendas de protección en alquiler con opción a compra que actualmente gestiona de manera poco transparente Lazora y que actualmente las alquila por más de 600 euros, hablo de pisos de 1 dormitorio, dicho derecho de gestión fue transferido por el pleno del Ayto. de Pinto el 26 de noviembre de 2009 a Lazora y que lo ostentaba hasta ese momento Inversiona Arrendamientos y Servicios Generales. Actualmente las adquisiones de viviendas de protección por empresas como Lazora o Fidere vendidas o cedidas por distintos ayuntamientos de la comunidad de Madrid está siendo investigado por el Juzgado número 48 de Madrid

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