PINTO
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Raúl Martos Martínez
Jueves, 26 de abril de 2018
Han abierto un proceso de negociación

El Gobierno suspende temporalmente el ‘acuerdo del chivatazo’ ante la reclamación de la UTE

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Todas las partes implicadas estaban convocadas a un acto de conciliación convocado por la Comunidad de Madrid.

Huelga de Aserpinto de 2013.El polémico ‘acuerdo del chivatazo’ para que los trabajadores subrogados a Valoriza-Gestyona puedan vuelvan a Aserpinto si denuncian a la UTE ha sido suspendido hasta el próximo 31 de mayo. El Gobierno, a pesar de sus reticencias iniciales, ha aceptado la propuesta del mediador presente en el acto de conciliación celebrado ayer y que había sido convocado por el Instituto laboral de la Comunidad de Madrid.

Mientras que la ampliación del acuerdo para el fin de la huelga de limpieza de 2013 fue negociado únicamente por el Gobierno y el comité de empresa de Aserpinto, en estas conversaciones participarán todos los actores implicados. Además de la UTE estarán presentes los sindicatos de Valoriza-Gestyona y los miembros de la Oposición que componen el consejo de administración de la empresa pública.

La consejera delegada de Aserpinto, Consoli Astasio, ha declinado responder a las preguntas de este medio y ha remitido a una nota de prensa municipal en la que el Gobierno anuncia su intención de continuar con el acuerdo y hace un histórico desde que la UTE llegase a Pinto en 2014.

Reacciones | El PSOE ha celebrado la suspensión del acuerdo: “Entre todos han conseguido doblegar la voluntad de la consejera delegada”. El partido también ha criticado la “actitud de soberbia” de Consoli Astasio porque, según afirman, pidió a sus concejales que le delegasen el voto para el encuentro. Desde Ciudadanos añaden que la intención del Ejecutivo era que la Oposición tampoco estuviese presente en las negociaciones, un hecho, posteriormente rectificado, que aseguran sólo fue criticado por su grupo.

Los socialistas han insistido en que el acuerdo era perjudicial tanto para los trabajadores como para la empresa, y consideran que ha quedado demostrado que el proceso “no sólo ha sido poco transparente sino que ha evidenciado las deficiencias de los máximos responsables del gobierno”. El Partido Popular, por su parte, ha anunciado posibles acciones legales en caso de que no se llegue a un consenso.

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