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Fernando Ferro
Jueves, 15 de marzo de 2018

¿Quién defiende los intereses del Ayuntamiento?

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En primer lugar hay que dejar constancia de que las instituciones públicas y las empresas no tienen más intereses que los que se derivan de las expectativas de sus titulares (el beneficio económico de accionistas y directivos en el último caso) y las muy diversas necesidades, expresas o no,  de los ciudadanos que habitan en el ámbito de sus límites geográficos en el caso de las administraciones públicas.

Así pues, los principales defensores de los intereses municipales son los ciudadanos responsables que contribuyen en tiempo y forma, y en la medida de sus obligaciones, con sus impuestos y tasas, además de todos aquellos que conforman el tejido asociativo y participativo que hacen del lugar un espacio vivo. Inmediatamente después les siguen en importancia los empleados municipales honestos que son conscientes de la inexcusable  obligación contraída con la solución de las necesidades de la ciudadanía al aceptar un trabajo que presta servicios al conjunto de la  comunidad. Aquí es muy importante aclarar que el compromiso profesional se suele ir enfriando en la medida en que se asciende en la jerarquía burocrática, los habitualmente hipervalorados cuerpos de élite sobrevuelan displicentes sobre las ordinarias demandas de la población desfavorecida, cosa bien distinta es el delicado trato de compadreo que usualmente reciben los representantes de los grupos de poder económico. Mientras tanto, los infravalorados cuerpos de primera línea de fuego suelen hacer todo cuanto está de su mano para atender las demandas ciudadanas con el necesario respeto y sin menoscabar la dignidad de los vecinos más humildes. Después vienen los responsables políticos decentes, que los hay, a pesar de la trama Gurtel, la Púnica, los aeropuertos sin aviones, los circuitos de velocidad sin coches, las tarjetas Black, los ERES y el Palau, entre otros cientos de vergonzosos casos que llevan directamente los recursos públicos hacia los bolsillos de las partidas de políticos y empresarios bandoleros.

Por estas razones, no hay con qué pagar pensiones, la sanidad pública ni la enseñanza para todas y todos, ni las infraestructuras ferroviarias, ni tantas cosas necesarias. Así es que de los deshonestos prefiero no hablar, es mejor que se ocupen de ellos la prensa, la  policía y los jueces, como delincuentes comunes y corrientes que son.

Los dignos son los que nos interesan, pues son los protagonistas a la hora de decidir con buen criterio los servicios que se van a prestar, a quién y en qué condiciones. Con sus aciertos y errores, pueden contribuir a reequilibrar un sistema profundamente injusto como es el sistema capitalista  y reducir las escandalosas desigualdades que propicia. Ya que todo lo convierte en mercancía, principalmente el trabajo humano, y mediante el intercambio desigual enriquecer a unos pocos a costa de la mayoría .

Por último, sin ser los menos importantes, están las empresas que construyen edificios e infraestructuras y/o prestan servicios a la comunidad, y que cuando lo hacen de manera eficiente y leal son un activo importante para lograr el bienestar general. Aquí habría que incluir el tejido productivo que da músculo a una sociedad desarrollada, sin el trabajo organizado sería impensable mantener los niveles actuales de acceso a bienes y servicios, aunque mucho queda por avanzar en la corresponsabilidad de las fuerzas productivas en la  gestión de las empresas.

Como aviso para navegantes, me permito apuntar que en una sociedad de clases todas las instituciones sociales jerarquizadas están teñidas de clasismo, es decir, que los de arriba se benefician del trabajo cotidiano y de la remuneración no pagada de los de abajo. O más claro, cuando de una caja común alguien se lleva más de lo que en justicia le corresponde, otras  muchas no reciben lo que les pertenece.
 

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