El juzgado no admite el recurso de European Cleaning contra la Mancomunidad Ciempozuelos-Titulcia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid no admitido a trámite el recurso contencioso administrativo formulado por European Cleaning, la empresa de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad Intermunicipal Ciempozuelos-Titulcia, en el que solicitaba el pago de 2.175.979 €. La cantidad proviene de las facturas que desde 2015 están siendo fiscalizadas y devueltas a la empresa por “no ser procedentes” tras advertirse que “se estaban facturando tres veces más de lo previsto en el contrato administrativo”.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Ciempozuelos ha comprobado que determinadas prácticas de la empresa de limpieza no estaban contempladas en el contrato y que carecían de justificación económica. Motivo por el que desde entonces se le requiere a la empresa que detalle sus costes, tanto en medios humanos como materiales.

European Cleaning concluirá sus servicios con la Mancomunidad Ciempozuelos-Titulcia en febrero. El Pleno de Ciempozuelos ya aprobó la disolución de la Mancomunidad y la separación entre ambos municipios, así como el pliego para la nueva concesión de la limpieza viaria y la recogida de basuras que seguirá estando externalizada.

Fallo | En el fallo, el juzgado de Madrid alude para no admitir el recurso que la mera presentación de las facturas no otorga el derecho de un pago automático “pues requiere de la expresada gestión de fiscalización” y que “existiendo un acto expreso anterior al de interposición del recurso nunca han sido objeto de impugnación ni se ha pedido la acumulación del recurso”.

Además, La empresa ha reclamado por duplicado en dos juzgados las mismas facturas, por un importe de 920.334 €, hecho que ha motivado la inadmisión del recurso con la expresa imposición de las costas.

Más querellas | También la Audiencia Provincial de Madrid declaró el archivo definitivo sin posibilidad de recurso de la querella interpuesta por la empresa a la alcaldesa y a dos funcionarios municipales por “delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y coacciones”. La Audiencia establece que la conducta de la alcaldesa “lejos de constituir un delito supone una legítima labor de vigilancia y control de la ejecución del contrato suscrito”.