"No estamos decidiendo si hay toros o no, sino recurrir una prohibición que nos ha sido impuesta y que nos parece injusta", defienden desde Ahora Ciempozuelos.
En la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 8 de mayo, la Corporación, con los votos favorables de Ahora Ciempozuelos y PSOE y contrarios de PP, CPCI y PIC, dio el visto bueno a que el Ayuntamiento presente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2017 que prohíbe al Ayuntamiento de Ciempozuelos celebrar una consulta popular sobre la celebración de festejos taurinos.
El 17 de diciembre de 2015 el Pleno había aprobado la celebración de una consulta popular sobre la organización de festejos taurinos por parte del Ayuntamiento. Previamente, el 30 de septiembre de 2013, el Pleno había aprobado declarar los festejos taurinos de Ciempozuelos como parte del patrimonio cultural e inmaterial del municipio.
"No estamos decidiendo si hay toros o no, sino recurrir una prohibición que nos ha sido impuesta y que nos parece injusta, ya que cumplimos con los cuatro requisitos que exige la ley para celebrar la consulta", ha defendido el concejal de Festejos y Protección Animal, Rubén Iglesias.
El PSOE, que fue el partido que presentó la propuesta, que después fue consensuada con el Gobierno municipal, considera que "el Consejo de Ministros ha adoptado una decisión no aceptable desde el punto de vista democrático, porque pretende prohibir una consulta que aprobó el pleno en diciembre de 2015".
La portavoz del PP, Mª Ángeles Herrera, alegó que la ley deja muy claro que “para poder hacer la consulta, ésta tienen que tener el acuerdo del Pleno por mayoría absoluta y la autorización del Gobierno de la Nación, lo que no se produce en este caso”. Herrera también pidió en el Pleno “saber el coste económico de este recurso” y “cuánto tiempo va a pasar hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo” sobre un tema que “no tiene recorrido viable en prosperar judicialmente porque ningún tribunal puede ir contra la ley”.
También el portavoz de CPCI, Pedro Torrejón, abundó en estos dos extremos, el “innecesario coste de un recurso que no tiene viabilidad jurídica” y “el excesivo tiempo en resolverse este tipo de recursos, que pueden llegar hasta 2022”.
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