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Esther A. Muñoz
Miércoles, 26 de abril de 2017
PINTO

Okupa o a la calle

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La fórmula habitacional para las familias de las viviendas municipales del Paseo de Las Artes a las que el Ayuntamiento no ha querido prorrogar el contrato de alquiler pide inmediatez. Su inacabable búsqueda ha empujado a familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social a vivir como okupas o no vivir.

El gobierno de Ganemos Pinto decidió en la Junta de Gobierno Local del 1 de marzo no prorrogar el contrato de arrendamiento de MDG, vecina de Pinto residente en una de las 32 viviendas municipales situadas en el Paseo de Las Artes. MDG firmó el alquiler de su vivienda en abril de 2014, tras la puesta en marcha de la Red de Vivienda Pública Municipal, un proyecto del Partido Popular de Pinto que suplía la carencia de un parque de viviendas sociales en Pinto. El precio que debía pagar MDG por este alquiler “social” era de 325 €.

Mes a mes, MDG fue pagando lo que pudo. “Cuando conseguí la vivienda hablé con el gobierno -entonces del PP- y les expliqué que yo no podía pagar todos los meses esas cantidades. Ellos me tranquilizaron diciéndome que no me preocupara, que eran conscientes de mi situación y que fuera pagando lo que pudiera”. Desde entonces MDG ha ido ingresando todos los meses pequeñas cantidades.

Rafael Sánchez, Ángel Suazo, Daniel Santacruz, Raúl Sánchez, Cristina Lorca y Tania Espada junto a la PAH durante la paralización de un desahucio en septiembre de 2015. | Fotografía de la PAH de Pinto.El desahucio | Pese a la buena voluntad de MDG, Ganemos Pinto aprobó por unanimidad “no prorrogar el arrendamiento de la vivienda” por, según declararon después, “los impagos de MDG”. “El próximo 14 de abril seré una okupa”, explicaba MDG desesperada, que el 5 de abril seguía sin que nadie del Gobierno le hubiera dado una solución. “¡Me veo en la calle!”, expuso MDG a Zigzag, madre soltera y responsable de una familia que arrastra una situación especialmente delicada, ya que tiene a su cargo a tres hijos, entre ellos un menor y uno con una grave enfermedad, y actualmente está en paro y cobrando la renta mínima.

“No echaremos a nadie de su casa” | El 6 de abril, ni 24 horas después de que Zigzagdigital publicara la noticia alertando del posible desahucio de MDG por parte del Ayuntamiento, Raúl Sánchez, concejal de Vivienda, se reunió con MDG para decirle, por primera vez, que “nadie la iba a echar de su casa”.  MDG seguirá residiendo en su actual vivienda hasta que el Ayuntamiento le encuentre una solución habitacional.

Sin embargo, debido a la decisión de Ganemos Pinto de no prorrogar el contrato de alquiler de MDG, la situación de ésta se complica, quedándose como okupa de la vivienda y habiendo firmado un “reconocimiento de deuda” lo que le incapacita para acceder a próximos sorteos de vivienda pública, incluido el nuevo procedimiento de viviendas sociales aprobado por unanimidad del Pleno de Pinto el pasado mes de febrero.

También el alcalde de Pinto salió a través de las redes sociales, minutos después de que se hiciera pública la información de Zigzag, a "desmentir" la noticia y declarar, tarde, que "jamás se pensó en el desahucio". Unas declaraciones que no ocultan la realidad: que a tan sólo un mes de que se cumpliese el plazo para la renovación del contrato de alquiler, Ganemos Pinto le envió a MDG una fría carta conminándole a marcharse o recurrir.

Hasta que se publicó la noticia en Zigzagdigital, el gobierno no le dio a la ciudadana ni explicaciones ni soluciones habitacionales ni a ocho días de que el contrato de su vivienda expiara, nadie del Gobierno se había puesto en contacto con ella para asegurarle que no la echarían de allí. “¿Le dijeron a Dolores que nadie la iba a echar de su casa?”, preguntó Zigzag a la concejala de Servicios Sociales, Tania Espada. “Le dijimos que estábamos viendo la manera de solucionarlo”, contestó.

“La carta dice que no se le va a renovar el contrato por falta de pago, en ningún caso es una orden de desahucio ni nada parecido”, espetó el alcalde después de llamar "falso" y "mentiroso" a Zigzag y acusar a este medio de "acoso y derribo" al gobierno.


Las nuevas viviendas sociales

Después de casi dos años desde la entrada de Ganemos al gobierno, en febrero de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Pinto aprobó por unanimidad la nueva ordenanza reguladora del procedimiento de adjudicación, normas de funcionamiento y utilización de viviendas de emergencia social y viviendas sociales elaborado por el Observatorio de la Vivienda de la localidad, donde participan todos los grupos municipales, Cáritas, Cruz Roja, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Rais Fundación.

La nueva ordenanza baremará las solicitudes atendiendo a criterios económicos, factores sociales y la necesidad de vivienda. Un sistema más justo para que las personas con mayores dificultades puedan acceder a una vivienda social.

Sin embargo, pese a su aprobación en Pleno, la concesión de estas viviendas podría alargarse hasta finales de año debido al nuevo sistema de baremos, que obliga al Consistorio a contar con más personal temporal en Servicios Sociales que pueda dedicarse exclusivamente a ello. Una necesidad que ya apuntaron los grupos de la oposición hace meses y que ahora demorará más la entrega de las viviendas.  


Más afectados | Tras hacerse público el caso de MDG, otra familia inquilina de las viviendas municipales del Paseo de las Artes acudió a Zigzag para desvelar que, en su caso, llevan como okupas desde el 31 de enero de 2017, después de que el Ayuntamiento les comunicara, a través del mismo modelo de carta que a MDG, que rescindía su contrato con ellos.

J. y S., ambos en paro y con una menor de tres años a su cargo, relataron que “nadie” se había puesto en contacto con ellos para buscar una solución a su situación. “Nos hemos tenido que enterar de que hay personas que están pasando por lo mismo con nosotros a las que sí se les ha atendido sólo porque el caso ha trascendido a la prensa”.

[Img #17292]“Un año y medio” | ¿Y cuál es la solución? Según la concejala Espada,  Ganemos Pinto  se ha reunido con los afectados y lleva “un año y medio buscando una solución”. En una legislatura de cuatro años, un año y medio es mucho tiempo para solucionar un problema, pero lo cierto es que hoy por hoy tanto MDG como J. y S. se quedan de okupas en sus viviendas.

Ante el escándalo provocado por la noticia, el 7 de abril el Ayuntamiento emitió una nota de prensa en la que informaban que “existe una serie de personas que residen en viviendas municipales a las que no se les puede renovar el contrato actual debido a que no han satisfecho de forma reiterada el alquiler pactado y, por ley, no podría prorrogarse ese contrato debido a la deuda que han contraído", aunque, dicen, “ninguna familia dejará una vivienda municipal para irse a la calle”. Además, el Ayuntamiento dijo haber “mantenido reuniones con los ocupantes de los inmuebles afectados” y estar buscando “la fórmula adecuada para garantizarles un hogar sin vulnerar la ley”.

Sin soluciones | Una fórmula que, después de un año y medio de búsqueda, pide inmediatez y que su inacabable búsqueda ha empujado a familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social a vivir  como okupas o no vivir. Porque, en palabras del propio alcalde: “¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones: echarlos o dejarlos ahí”.


¿Miente el Gobierno?

Según el propio alcalde, era imposible prorrogar el contrato de arrendamiento de MDG debido a sus impagos. “Al no pagar no se les puede renovar el contrato de alquiler”, dice Rafael Sánchez, terminando con la coletilla “como marca la Ley”. ¿Pero pudo Ganemos evitar llegar a esta situación “cumpliendo la Ley”?

Cuando en 2013 el Partido Popular puso en marcha la Red de Vivienda Pública Municipal para el arrendamiento de las 32 viviendas situadas en el Paseo de Las Artes con precios de 325 € (para viviendas de un dormitorio) y 395 € (para las de dos dormitorios), plataformas antidesahucios ya criticaron que los precios no eran sociales. También el alcalde Rafael Sánchez (entonces portavoz en la posición por el MIA) criticó duramente el proyecto apuntando a los precios por “no ajustarse a la dura realidad socioeconómica pinteña”, acusando al PP de “olvidarse y dar la espalda a las personas más necesitadas”.

Cierto que el elevado coste de estas viviendas sociales ha hecho imposible a MDG y a otros beneficiarios afrontar el alquiler. Sin embargo, en casi dos años de gobierno Ganemos Pinto no ha sabido encontrar ninguna solución que impidiera que la deuda fuera aumentando año a año.

Para huir de esta responsabilidad, Ganemos ha culpado al PP de haberse “saltado una ordenanza municipal, asignando una vivienda a quien no cumplía los requisitos -aunque según los populares el caso de MDG contó con el informe positivo de los técnicos- y haciendo que se acumulara una deuda impagable con el Consistorio”.
En sus declaraciones, la concejala Tania Espada advirtió que “los técnicos municipales nos dijeron que era imposible hacer una modificación del contrato de alquiler para bajar los precios de las viviendas municipales”.
“Las concesiones se rigen por dos negocios jurídicos distintos, por un lado el pliego del Ayuntamiento que rige la adjudicación y por otro los contratos privados, que están limitados por lo que recoge el pliego”, explica un experto a Zigzag. “El Ayuntamiento pudo cambiar el pliego y así poder luego cambiar los contratos, es engorroso pero lo primero que debe haber es voluntad”, revela.

Aunque todavía falta que el Ayuntamiento informe sobre cuántos contratos de alquiler de estas viviendas se han prorrogado y por cuánto tiempo después de que finalizaran, las familias que han decido quedarse lo han hecho en las mismas condiciones que firmaron con el anterior gobierno del Partido Popular.
“Sin ninguna duda, ahora, con los contratos extintos, podrían haber hecho otro procedimiento para adjudicar esas viviendas”, añade el experto. Y sin embargo, pese a que la idea de Ganemos es sumar paulatinamente estas viviendas al nuevo parque de vivienda sociales, Ganemos ha decido continuar adelante con un proyecto que califican como “mal gestionado”.

¿Y podía haber buscado Ganemos Pinto una solución a la deuda de MDG antes de haberle “tenido” que enviar una carta invitándole a marcharse? Rotundamente sí. El Ayuntamiento de Pinto podía haber concedido una subvención a MDG de la misma cantidad que la deuda contraída. “A través de una ordenanza de Servicios Sociales se pudo haber creado una subvención a personas que tengan ciertas características que tú has determinado antes”, nos cuenta el experto con experiencia en este tipo de labores en ayuntamientos.
No es cuestión de “desmarcarse de la Ley”, sino de resolver problemas de los ciudadanos. La realidad es cambiante, las normas están sujetas a unas prácticas sociales. Buscar los intereses del Ayuntamiento no puede ir en contra de los de los ciudadanos porque ¿qué intereses puede tener un Ayuntamiento que no sean los de sus ciudadanos?

Ganemos Pinto debe empezar a replantearse dónde colocar los límites de lo posible, ya sea desafiando a los técnicos ante cuestiones de carácter social, como el desahucio de personas en riesgo de exclusión social, seguir subvencionando la residencia de cinco ancianos o a favor de la rebaja del tipo del IBI. Eso, en definitiva, sería cumplir con las promesas del programa electoral de Ganemos Pinto, algo que hasta ahora apenas han hecho.


 

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