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Raúl Martos Martínez
Miércoles, 26 de abril de 2017
Varapalo judicial por la retirada de subvención a cinco ancianos

Los tribunales ponen patas arriba la política social de Ganemos

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La Justicia ha vuelto a dar la espalda a Ganemos Pinto por el caso de los cinco ancianos de la residencia Dolores Soria. La confluencia, a instancia de la interventora municipal, decidió el 30 de diciembre de 2015 en Junta de Gobierno suprimir las prestaciones económicas de estos usuarios a los que el Ayuntamiento, con la unanimidad del Pleno municipal en el último gobierno de Antonio Fernández (PSOE), les había garantizado por escrito una plaza de por vida en una residencia.

El Ejecutivo de Ganemos tomó la terrible decisión en base a los informes de la asesora jurídica de la concejalía de Derechos Sociales, Mª Teresa Arias Polonio, y de la interventora municipal, Mª Isabel Sánchez Carmona, que señalaron que el Ayuntamiento de Pinto no tenía competencias en materia residencial. A pesar de no contar con una alternativa, Ganemos envió una fría y sorprendente notificación a estos ancianos el mismo 30 de diciembre en la que les certificaban que al día siguiente se extinguirían sus ayudas sociales.

El anuncio escandalizó a la Oposición que se echó encima del Gobierno exigiendo que anulara lo aprobado en la citada Junta de Gobierno. Salvo Ganemos, el resto de partidos (PP, PSOE y C’s) pusieron en duda el criterio de los técnicos municipales señalados, por ser contrario al principio constitucional de irretroactividad de las normas desfavorables y darse de bruces contra el dictamen el Gobierno de España (3 noviembre 2015) que devuelve a los ayuntamientos las competencias en atención primaria de la salud, servicios sociales y educación. Pero sobre todo, por el inadmisible desamparo que suponía para los ancianos afectados.

Ganemos Pinto hizo caso omiso a las advertencias y se centró en buscar una “solución” que no encontró. Fue el PSOE quien facilitó un acuerdo con la gestora de la residencia Dolores Soria, Mensajeros de la Paz: el Ayuntamiento utilizaría parte de las plazas de día de las que dispone en la residencia y la asociación asumiría la parte proporcional de la estancia nocturna.

[Img #17290]Varapalo judicial | La solución negociada por el PSOE en cualquier caso no llegó a entrar en vigor porque el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid paralizó, dos meses después, de forma cautelar la decisión de la Junta de Gobierno Local. La paralización judicial  era porque decisión del Ayuntamiento tenía “efectos perjudiciales […] en relación a la salud y situación de dependencia”.

Ahora el mismo Juzgado ha dictado sentencia de fecha 23 de febrero de 2017 por la que anula la decisión recurrida de la Junta de Gobierno Local.

“La Administración demandada [el Ayuntamiento de Pinto]  omitió el preceptivo trámite de audiencia a la interesada -dice la magistrada Ángela López-Yuste- provocando, con ello, una situación de indefensión material y efectiva, y no meramente teórica o formal, impidiendo a la hoy recurrente poder incidir […] en el sentido y contenido de la resolución definitiva del expediente que, en última instancia, podría haber tenido un contenido distinto”.

Dado que se trata de un defecto de forma, la jueza considera “innecesario” entrar en el resto de motivos alegados por la demandante ya que la omisión del trámite de audiencia supuso “una auténtica infracción del procedimiento que debe dar lugar a la retroacción de actuaciones”.
El Ayuntamiento de Pinto, al que no se le condena a costas, decidió no recurrir la sentencia porque estima que “no hay motivos para hacerlo”, por tanto el fallo es firme. Si bien de nada le sirve ya a la recurrente porque ha fallecido el 9 de abril a los 98 años de edad.

Pendiente de otra sentencia | El Ayuntamiento está pendiente de otra sentencia similar que se producirá en breve. Una segunda anciana recurrió judicialmente la decisión de Ganemos de anularle la subvención municipal en la residencia y también el Juzgado le dio cautelarmente la razón.

Esta anciana, de edad avanzada, es una de las dos personas que quedan con vida de las cinco a las que Ganemos les comunicó su terrible decisión el 30 de diciembre de 2015.

Repetir el proceso | A pesar de todo el concejal de Vivienda, Raúl Sánchez, considera que las cosas se hicieron correctamente: “Se trata de una sentencia que detecta un error en el procedimiento que habrá que subsanar, es decir: el Ayuntamiento deberá repetir el procedimiento, pero el fondo del asunto no queda invalidado, ya que la sentencia no lo cuestiona”.

El edil asegura que la intención del Gobierno “siempre ha sido proteger a unas personas que se encontraban en una situación de indefensión desde el momento en que el gobierno municipal del Partido Popular decidió dejar de pagar su estancia en la residencia”.

Y es que los populares, ante las amenazas de la interventora municipal, dejaron de pagar el alojamiento de los mayores a Mensajeros de la paz desde finales de 2014 para no poner en peligro su continuidad en el centro.
Raúl Sánchez asegura que se ha conseguido “que la situación de estas personas se regularice”. El Ejecutivo insiste en que su “obligación” era cumplir las directrices de los técnicos municipales y que gracias a su gestión “estas personas siguen viviendo en la residencia y en ningún momento se ha puesto en cuestión su permanencia en la misma”.

Reacciones | Lejos de estas explicaciones, la Oposición se ha congratulado con la decisión judicial y ha cargado las tintas contra Ganemos Pinto para que detenga un proceso que hace “sufrir” a unos ancianos “con una edad muy avanzada y salud delicada”.

“Esperamos que esto le sirva al equipo de gobierno para buscar una solución real que permita a estos mayores seguir en la residencia y disfrutar en paz lo que les resta de vida”, han declarado desde el PSOE tras conocer la sentencia. Una consideración similar a la realizada por Miriam Rabaneda, presidenta del PP de Pinto, que cree que “ni podemos, ni debemos permitir que se ponga en riesgo la vida y la salud de personas vulnerables. Nuestros mayores se merecen un respeto”.

Los populares han calificado el proceso de “tremenda barbaridad” porque, tal y como reflejan las sentencias cautelares, la Justicia ha rechazado que el Ayuntamiento no tenga competencias residenciales y le ha achacado el bajo número de informes aportados. Por su parte Juana Valenciano, portavoz de Ciudadanos, ve como máxima responsable a la interventora del Ayuntamiento: “Ella manda y Ganemos ejecuta”.

Valenciano se sorprende al conocer que el Gobierno pretende volver a iniciar el proceso, y recuerda que su intención inicial fue incluir de forma discrecional a estos ancianos en la ordenanza de Emergencia Social. “Si intentan repetir el procedimiento se van a encontrar con el rechazo frontal de la Oposición -advierte-, así que, por favor, que les dejen tranquilos donde están”.

 

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