El municipalismo dice basta

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, se reunirá el lunes 6 de febrero con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para enviarles un último aviso: Si no responden satisfactoriamente a la demanda de una justa financiación para los ayuntamientos, “los grandes olvidados de la democracia”, “miles de alcaldes se movilizarán en una concentración sin precedentes”, anunció Caballero.

Lo cierto es que en los años de crisis han sido los ayuntamientos -la administración que da la cara ante los administrados- quienes han cumplido sus obligaciones a rajatabla. No solo no han incurrido en déficit, lo que tienen prohibido por ley, sino que han presentado superávit, mientras el resto de administraciones -sobre todo las autonómicas- presentan déficits.

“Vamos a pedir al Gobierno que nos deje gastar ese superávit y también la flexibilización del techo de gasto”, señaló Abel Caballero, alcalde de Vigo. Esto supondría contar con 5.000 millones de euros más, recalcó el alcalde socialista, quien aseguró que en la reivindicación de afrontar definitivamente una justa financiación de los ayuntamientos coinciden los alcaldes de todas las adscripciones políticas, “es un criterio unánime de la FEMP”, apuntó. Por eso afirmó que, si la respuesta del Ejecutivo a un nuevo plan de financiación no es satisfactoria, “habrá una gran movilización de alcaldes en Madrid”.

Medidas | La FEMP pide la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, ley impulsada solo por el PP durante su mayoría absoluta. La FEMP insta a los grupos parlamentarios a que defiendan democráticamente una nueva ley de régimen local con inclusión de los sistemas de financiación y la delimitación de competencias entre los entes locales y las comunidades autónomas.

Por otro lado, la FEMP plantea también una reforma de la Constitución para incluir un catálogo específico de derechos de los ayuntamientos y la obligación de ser dotados de recursos suficientes para la prestación de servicios.