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Jorge Hidalgo Pérez
Miércoles, 9 de noviembre de 2016

Policía Local: funciones y regulación

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Mucho se habla de la Policía Local, pero poco se sabe de las funciones concretas que realiza y mucho menos de la regulación a la que está sujeta y en la que basa su actuación.

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la que regula actualmente en su Título V el régimen de la Policía Local y la que, precisamente, define los Cuerpos de Policía Local como “Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada”. Sin olvidar que la Policía Local está también sujeta a regulación autonómica mediante la Ley 4/1998, del 8 de julio, de Coordinación de Policías Locales (en la actualidad sigue un proceso de reforma en la Asamblea de Madrid), teniendo como objeto la misma la coordinación de la actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid de conformidad con las funciones atribuidas en la Ley de Bases del Régimen Local y Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Es el artículo 53 de la mencionada Ley Orgánica el que regula, de forma taxativa, las funciones, a veces desconocidas en su totalidad, que realiza la Policía Local en cada municipio. Así,

a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.

e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.

f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

Algunas de las funciones precedentes, como las previstas en los apartados c) y g), tienen que ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes. Y es que no olvidemos que la Policía Municipal comparte competencia territorial con uno de los dos Cuerpos Nacionales de Seguridad, ya sea la Policía Nacional o la Guardia Civil. Esto es algo que hace imposible que se pueda evitar la comparación (ya sea de sueldos o de funciones) y que los ciudadanos jerarquicen dichos Cuerpos de Seguridad evaluándolos y, por tanto, catalogándolos, y todos sabemos cuál de estos tres cuerpos tiene menos popularidad.

No debemos olvidar que en la Comunidad de Madrid existe una cierta peculiaridad respecto a otras comunidades autónomas. Y es que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades como País Vasco, Navarra o Cataluña donde existe Policía Autonómica, el Estatuto de Autonomía madrileño no permite dicha posibilidad, de ahí que en el año 2004 se decidieran crear las Brigadas Especial de la Comunidad de Madrid (BESCAM) con el objetivo de, dentro del organigrama de cada policía local, incrementar los efectivos en materia exclusiva de seguridad y a su vez, convertirse en una Policía pseudo-autonómica, dependiente, al menos en lo que financieramente se refiere, de la Comunidad de Madrid.

Y ahí está uno de los principales escollos de las BESCAM. Y es que de las funciones que por Ley Orgánica se establecen, las BESCAM, y en base al Convenio que las regula, sólo podrá ejercer funciones de seguridad ciudadana, por lo que habría que descartar funciones tales como la ordenación, señalización y dirección del tráfico rodado dentro del casco urbano. Algo que levantó demasiada polvareda cuando ciertos municipios de la Comunidad de Madrid realizaban actividades que incumplían los términos que rigen este servicio de seguridad tales como controlar el tráfico o imponer multas. Asunto que se tuvo que llegar incluso a dirimir en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que acabó avalando las razones de la Comunidad de Madrid y por ende, el convenio existente en esta materia. En definitiva, la Comunidad de Madrid paga, por el momento (los convenios finalizan en 2018), este servicio para que los Ayuntamientos se beneficien y hayan visto incrementados sus Cuerpos de Policía Local, pero estos no pueden hacer con ellos lo que les plazca.

Y ni los Ayuntamientos pueden hacer con ellos lo que les plazca, ni la propia Policía puede actuar a la ligera. Hay que ser conscientes de que la Policía tiene muchas potestades, las hemos visto al principio, potestades que pueden implicar limitación de derechos de los ciudadanos en las que se puede llegar a utilizar incluso, de forma legítima, la fuerza.

De ahí que esté limitada la arbitrariedad a la hora de actuar por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluida la Policía Local. Pero, ¿hasta dónde podemos limitarla? Un ejemplo característico es los controles de tráfico, en los que de forma aparentemente arbitraria, se paran a unos coches sí y a otros no. Y, ¿en base a qué se hace? A la propia capacidad de raciocinio del agente en cuestión. Es decir, utiliza una forma que para algunos puede ser considerada arbitraria, pero para otros ha llevado un proceso lógico.

Algunas funciones propias de la Policía Local, como son la imposición de multas, van a llevar intrínseca la duda de la arbitrariedad, al menos por parte de quien la sufre, y eso es algo que resta credibilidad a la actuación de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La tramitación parlamentaria en la Asamblea de la modificación de la Ley autonómica de Coordinación  de Policías Locales es un buen momento para abordar este asunto, (por no decir que se debería también profundizar en la Ley estatal) para que nunca se pueda poner en duda la actuación de nuestros agentes y para que ni mucho menos, jamás se pueda utilizar a la Policía Local de forma partidista y se eliminen las tentaciones de hacerlo por parte de los gobernantes locales.

 

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2 Comentarios
Fecha: Jueves, 10 de noviembre de 2016 a las 18:46
Agustín Alfaya
En Pinto el alcalde, que es el responsable máximo de la Policía Local, no ha querido delegar esta competencia en otro concejal y la ha asumido él. Pero ni ha sabido ni querido estar a la altura de su responsabilidad, convirtiéndose en responsable de presuntas irregularidades de unos muy pocos policías municipales y dañando la imagen de todo el cuerpo. La actuación del alcalde Sánchez al frente de la policía es tanto o más decepcionante que la que tiene al frente del Ayuntamiento. Respeto otras opiniones, pero ésta es la mía, la de una persona decepcionada con un político que decía una cosa en la oposición y hace la contraria en el gobierno, al que él sin el menor rubor denomina "del cambio" (¡?).
Fecha: Jueves, 10 de noviembre de 2016 a las 18:35
Agustín Alfaya
Muy interesante el artículo. En él se abre el debate sobre las BESCAM, una 'pseudo policía regional', como dice el autor del artículo, creado el 2004 por el gobierno de Esperanza Aguirre con 'caráceter temporal'. Y aquí reside el problema: todos los municipios felices de tener un cuerpo que paga la Comunidad de Madrid, pero esto finaliza en 2018 y entonces cada municipio debe pagar a sus policías Bescam. Y aquí está el problema creado por Aguirre: los presupuestos municipales de muchos municipios (Ciempozuelos, Valdemoro, San Martín de la Vega... y no digamos Parla) no pueden atender financieramente en importante gasto que supone hacerse cargo financieramente de las Bescam...

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