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Jueves, 6 de octubre de 2016

Un nuevo varapalo

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto que echa para atrás cautelarmente el acuerdo de la Junta de Gobierno del 30 de diciembre de 2015 en el que se eliminó la subvención residencial a cinco ancianos.

Que el ‘desahucio’ de los cinco ancianos que ocupaban plazas subvencionadas por el Ayuntamiento de Pinto en la residencia Dolores Soria era un disparate, estaba claro, pero el último pronunciamiento de la Justicia da la puntilla a la mala gestión de este asunto. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ante las medidas cautelares solicitadas por una de las afectadas, ha dictado un auto que echa para atrás el acuerdo de la Junta de Gobierno del 30 de diciembre de 2015. Es decir, el Ayuntamiento deberá seguir subvencionando las plazas como lo venía haciendo hasta que haya una sentencia firme

Hasta tal punto son lícitas las exigencias de la demandante para el magistrado Ángel Ardura que, simplemente, accede a ellas en vista de sus circunstancias personales -mujer de 91 años edad con un grado 3 de dependencia, el más alto- y de que la controversia se basa “meramente en una cuestión económica” -el Ayuntamiento debe de abonar 1.127,52 € al mes por este concepto.

Ya en materia, el dictado da la razón a una de las principales quejas de la Oposición: que el Gobierno actuaba sin fundamento alguno. El magistrado recuerda que la Ley 27/2013 establece que las comunidades autónomas debían definir antes de 2016 las competencias a asumir en materia de servicios sociales, pudiendo incluso delegarlas en los municipios, “sin que por el Ayuntamiento demandando nada haya acreditado sobre alguna de esta circunstancias”.

Si el Gobierno llevaba “meses mirando las distintas opciones”, como declaró la concejala de Servicios Sociales Tania Espada, ¿por qué la interventora desconoce las competencias de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no se solicitó asumir la subvención de estas plazas? En cualquier caso, como el propio magistrado explica, la Ley 27/2013 establece que de no haberse acordado la delegación de un servicio “seguirá prestándose por el municipio con cargo a la comunidad autónoma”.

Por tanto, nuevo revés para la interventora, que consideraba que el Ayuntamiento no tenía competencias en la materia, y para Ganemos que, aunque intentó evitar que Mensajeros de la Paz volviese a no cobrar como ocurrió durante la época del PP, enredó aún más el problema. El hecho de que el Ejecutivo avisase con un solo día de antelación a los afectados y les remitiese una fría carta sobre el fin de las prestaciones el día antes de fin de año, pone en duda los verdaderos valores sociales de la confluencia.

Y todo ello a espaldas de la Oposición, a la que tuvo que recurrir en el último momento para dar con la solución -gracias a la generosidad de Mensajeros de la Paz- de que la residencia asumiese la estancia nocturna de los ancianos. Pero los dos principales afectados, los que renunciaron en su día a la plaza de la Comunidad de Madrid, seguirán luchando por un derecho que adquirieron hace más de 10 años.

Mucho tiene que cambiar la cosa para que la Justicia no les dé la razón y obligue a Ganemos a anular aquella Junta Local extraordinaria que jamás debió haberse celebrado.

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2 Comentarios
Fecha: Jueves, 6 de octubre de 2016 a las 18:11
Antonio Gómez de la Cruz
No tengo ninguna duda de las buenas intanciones del equipo de gobierno, pero este caso y alguno mas demuestran que para ciertas cuestiones algún cargo de confianza si es necesario.
Fecha: Jueves, 6 de octubre de 2016 a las 13:16
Pinteño cabreado
¿Y éstos son los de las políticas sociales? ¡¡Vaya cagada Rafita!! Te guste o no, tendrás que poner en sus sitio a la interventora, pues tal y como se describe, te ha puesto en un aprieto importante.
Rafita, o te rodeas de buenos asesores, o la vas a cagar a cada momento.

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